El Estado municipal endeudado e incumplidor, las empresas que no actualizan su flota y hasta los servicios de Revisión Técnica forman parte del entramado irregular que causa la interminable crisis del transporte, por lo menos así lo considera el licenciado José María Albizo Cazón en su última encrucijada contra el poder político-económico.
El referente de la Coalición Cívica ARI expuso los acuerdos espurios detrás del transporte
José Albizo quien ha solicitado informes por el estado de conservación de los colectivos urbanos mientras investiga el entramado de acuerdos político-empresariales visitó Sobremesa (Canal 2) a pocos días de concluida otras larga seguidilla de paros del transporte.
“Entre las empresas y el propio Estado municipal, una mano lava a la otra y ambas lavan la cara de un usuario absolutamente perjudicado ante estas connivencia que existen entre ambos sistemas”, introdujo sobre un tema que altera la sensibilidad de casi todos los residentes de San Salvador.
Porque aún cuando se trata de una política de Estado, la intendencia de Raúl Jorge, ha desfinanciado el BEGU su principal bandera, al no honrar los compromisos acordados con las firmas concesionarias que operan en las calles capitalinas, siendo que por llevar a los alumnos estarían recibiendo el 19% del costo en el caso de estudiantes primarios y 29,5% proveniente de los pasajeros que asisten a establecimientos secundarios y terciarios.
Consultado sobre por qué los empresarios no profundizan los reclamos ante tamaño endeudamiento, Albizo asegura que existe una especie de arreglo donde a cambio de cobrar menos de lo correspondiente, los colectivos no son inspeccionados con el rigor técnico que deberían.
"Del BEGU la parte que no se transfiere, que va a costo de las empresas cuando les representa el 30% promedio de la recaudación total mensual se cubre con falta de inspecciones y por eso viajamos con el piso roto, escalinatas rotas, falta de higiene…".
"Hay un un servicio deplorable en términos de la calidad por cuanto las unidades que ahora estamos pidiendo nosotros sean auditadas… Hemos acopiado más de 200 quejas de los ciudadanos para poder exponer ante la Defensoría del Pueblo que por Ley Orgánica de competencias y funciones es un ente de control facultado para poder arbitrar inspecciones oculares, inspecciones técnico mecánicas requerir las RTV de cada una de las unidades y en función de ello poder hacer las intimaciones pertinentes sin temer a esa instancia penal".
Los comentarios de Albizo salpican incluso a los propietarios de servicios de verificación técnica, nadie queda exento, especialmente los dueños de casinos u otras casas de apuestas, donde originalmente debía aplicar el impuesto que financiaría el Boleto Estudiantil. Pero nuevamente la trama de acuerdos entre funcionarios obraría para impedirlo, basado en los argumentos arriba expuestos, el lozano dirigente cree que allí están los argumentos que justificarían porque no se aplican las cláusulas del pliego de bases para revisar y eventualmente quitar las concesiones del sector privado.
“El sistema colapsó hace ya muchos años atrás, en función de una desatención continua de la vida político-institucional de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por una falta de interpretación de lo que a traviesa el usuario diariamente, las personas a cargo del ejercicio de la función pública no conocen el transporte público, no conocen como viaja el usuario y tampoco son conscientes de las implicancias de una suba del boleto”.