Los negocios del poder barren con Caspalá
- Vecinos de Caspalá fueron reprimidos por Infantería al intentar evitar la construcción de una escuela en un predio donde hay una cancha de fútbol.
- Hubo 9 heridos y 4 detenidos.
- El abogado, Alberto Nallar, habló de la situación y opinó que existen intereses políticos detrás de las acciones realizadas en el pueblo.
El pasado viernes, reprimieron a vecinos de Caspalá que rechazan la construcción de una escuela en la localidad. Estos sostenían que se busca ocupar el espacio de una cancha de fútbol, el único lugar que tienen para practicar distintas disciplinas, cuando existe otro espacio para un establecimiento educativo.
Por su parte, desde la policía niegan una represión y el comisionado afirma que existe un acuerdo para construir una cancha y una escuela. En medio de las versiones cruzadas, Alberto Nallar, abogado, visitó Sobremesa y habló sobre lo ocurrido.
El letrado relató minuciosamente los hechos que concluyeron en la represión del viernes y afirmó que, si bien no le consta, le da la impresión que: “las acciones del gobierno que sobrevinieron están destinadas a dejar gente en la calle”.
Además, ahondó en el tema: “La comunidad de Caspalá tiene hace más de un siglo el espacio común que lo usan para todo tipo de evento. Todos son dueños, este inmueble es de la comunidad. En 2019, Humberto García en un comunicado dijo que aportaban material para que se hagan 2 vestuarios en la cancha de la comunidad, dejó claro que no es del Estado. La excusa es que se quiere realizar una escuela secundaria, son 23 alumnos y 10 profesores en un terreno de 3.200 metros cuadrados, es mucho para tan pocos alumnos y los vecinos no tienen donde llevar la cancha de fútbol. La cantidad de alumnos no va a aumentar porque no hay crecimiento urbano. Están dejando desprovista a la comunidad del único lugar de esparcimiento que tienen”.
En cuanto a los hechos, Nallar contó: “Llegaron tipo 9 de la mañana un grupo de policías y una hora después el arquitecto de la empresa constructora. Dijeron que venían a tomar la cancha para hacer la escuela y la gente dijo que no. Entonces, se hizo presente la policía y les dijo que se retiraran ya. Sin orden judicial, la orden no sé de quién fue. Es un inmueble privado y para que los echen tiene que haber una orden judicial. Los vecinos preguntaron de dónde venía la orden e inmediatamente detuvieron a 4 para amedrentar, se los llevaron al destacamento policial y la familia fue a ver que sucedía. La policía se puso nerviosa y comenzó a disparar gas lacrimógeno a 30 mujeres. Todo eso exaltó a la población entonces la gente reaccionó. En las próximas horas vamos a conocer la causa de imputación que es resistencia a la autoridad, cuando nadie se resistió”.
EL PUEBLO KOLLA DE CASPALÁ
Según el jurista, el gobierno no tuvo en cuenta que en Caspalá vive el pueblo Kolla, quienes son los propietarios del territorio.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR REGULARIZACIÓN EN CASPALÁ
Si bien la represión se lleva todas las miradas, otra de las preocupaciones que emergen es la regularización del dominio de los hogares y lotes.
En octubre del 2022, Ordenamiento Territorial y Vivienda anunciaba que estaban trabajando junto a las familias para avanzar en este punto, sin embargo, el abogado defensor niega las buenas intenciones y detalla que es lo que sucede.
“En 2019 se presentó en Caspalá el secretario de ordenamiento territorial, Humberto García, manifestando que se realizaría la planimetría del pueblo. Se llevó a cabo no teniendo en cuenta los detalles provistos por cada uno de los propietarios. En ese plano, le ponen a cada lote propietario Art. 236 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que implica que las tierras sin dueño son de propiedad del Estado nacional, provincial o municipal. La provincia aplica el artículo y nos encontramos con un problema porque ellos nunca tuvieron la posesión de esos inmuebles, pero nunca tuvieron la posesión que sí tienen los ocupantes actuales que están hace más de dos siglos. El dueño es por posesión y no necesita juicio de prescripción adquisitiva”, explicó detalladamente y agregó: “el gobierno lo declaró inmueble fiscal y mandó a personal de la secretaria a hacer firmar 4 formularios pre impresos a los habitantes con el engaño que le iban a dar directamente los títulos. Hubieron quienes leyeron los papeles y se horrorizaron, comenzaron a asesorarse, me mandan las hojas y queda al descubierto que esas personas que tienen su lote hace más de 200 años estaban declarando que no son dueños para que el Estado Provincial les adjudique sus mismos lotes; o sea las casas que son de ellos se las van a adjudicar a ellos y encima tendrán que pagar y cumplir con requisitos porque los que no cumplan los van a sacar y ahí seguramente se van a construir los próximos hoteles”.
¿CÓMO SIGUE Y QUE PASARÁ EN CASPALÁ?
Finalmente, para el defensor, la Ley está a favor de la gente y van a tratar que el Estado se adecue.