La abogada querellante, Silvana Llanes, destacó la gravedad de la situación al dialogar con Radio 2 y aunque expresó su satisfacción por el progreso de la causa, especialmente por el trabajo desarrollado por la fiscalía, no pudo ocultar su indignación ante las “artimañas”, empleadas por los funcionarios públicos relacionados con el estático proyecto escolar.
"Tuvimos que golpear muchísimas puertas para que hoy vean de que estos documentos que se utilizaron para la elegibilidad del sector de hacer una escuela y pedir este préstamo. El cual se desembolsó el 50% casi 43 millones de pesos con el agravante de que con tanta liviandad informaron que en el área del proyecto no existen pueblos indígenas".
La cancha ancestral de Caspalá, centro neurálgico de la vida social y cultural de la comunidad, se convirtió en el epicentro de este conflicto. Llanes explicó que este espacio no solo tiene un valor material, sino también simbólico: “Quitarles esa cancha es como arrancarles su identidad. Es un lugar de encuentro, de convivencia y de conexión con otras comunidades del Valle Grande”. Además la letrada subrayó que el daño no se limita al ámbito físico o económico:
La violencia institucional desatada para consumar este proyecto fue devastadora. Ingresaron con apremios, destrozaron bienes y sometieron a la comunidad a un nivel de hostigamiento que dejó profundas secuelas emocionales. Hoy, cuando la gente de Caspalá ve a la policía, siente miedo La violencia institucional desatada para consumar este proyecto fue devastadora. Ingresaron con apremios, destrozaron bienes y sometieron a la comunidad a un nivel de hostigamiento que dejó profundas secuelas emocionales. Hoy, cuando la gente de Caspalá ve a la policía, siente miedo
A pesar del panorama hasta hace no mucho tiempo desolador, Llanes reconoció el trabajo de la fiscalía y destacó la minuciosidad de la investigación. “La denuncia inicial en Comodoro Py —expediente 835/23— fue el punto de partida. Desde entonces, se han acumulado pruebas irrefutables que no solo exponen la falsificación documental, sino también otros delitos graves, como abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita”, afirmó.
Según la abogada, el próximo paso será profundizar en la investigación penal, que iniciará formalmente el 23 de enero y que incluye analizar las pruebas y evaluar posibles nuevas imputaciones. “Vamos a seguir avanzando, porque esta causa no solo busca justicia para Caspalá, sino también para sentar un precedente contra la corrupción y el abuso de poder”, concluyó Llanes.
