La basura y el negocio de las grúas

La decisión de Macri se basa en el elevado costo de la preadjudicación y las condiciones impuestas, que incluían un anticipo de 8 millones de dólares y el pago del costo de operación incluso sin acarreos. En un comunicado oficial, Macri explicó: “La Ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato; para mí es escandaloso”. El jefe de gobierno también anunció que la Ciudad continuará prestando el servicio de acarreo con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en el proceso licitatorio original. Esta medida busca optimizar los recursos públicos y garantizar la eficiencia del servicio sin comprometer las finanzas de la Ciudad.

El conflicto se remonta a julio de 2022, cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de acarreo, que estaba en manos de las empresas Dakota y BRD con concesiones vencidas desde hacía 20 años. Estas empresas, que solo pagaban un canon mensual de 55.000 pesos mientras recaudaban millones de pesos por día, fueron desplazadas por la nueva gestión estatal. Los trabajadores fueron absorbidos por SBASE, la sociedad del Estado porteño que administra los subtes, y la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).

En diciembre de 2023, pocos días antes del final de la gestión de Larreta, se preadjudicó el sistema de grúas a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario. Este movimiento provocó una fuerte reacción del sindicato de Camioneros, que vio en la decisión una amenaza a sus intereses.

La protesta del sindicato de Camioneros, que ha llevado a un trabajo a reglamento y a la acumulación de basura en las calles, es vista por Macri como una ofensiva para presionar por la privatización del negocio de las grúas. “Camioneros aprieta donde cree que duele”, comentó Macri, quien destacó que los 350 camioneros tienen garantizados sus empleos.

El diputado porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, apoyó la decisión de Macri y acusó a Camioneros de defender sus propios intereses económicos. Del Gaiso anunció que presentará una denuncia penal por extorsión contra los dirigentes de Camioneros, argumentando que “los puestos de trabajo no están en juego, sólo los curros”. En este contexto, el gobierno porteño busca abrir una negociación con el sindicato, ofreciendo que los 310 trabajadores de las grúas sigan en SBASE o pasen a la órbita municipal, pero siempre bajo el convenio de Camioneros.

Las negociaciones entre el gobierno porteño y el sindicato han sido tensas. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, conocida por su buena relación con los Moyano desde su gestión en Espacio Público e Higiene Urbana, ha sido solicitada por el sindicato para participar en las conversaciones. Hasta ahora, las tratativas han sido lideradas por el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, caracterizándose por su aspereza.

No es menor el hecho de que Grindetti preside el Club Independiente y firmó en marzo de 2023 una denuncia penal contra Hugo Moyano por irregularidades en la gestión del sindicalista al frente de la institución. Este antecedente ha añadido una capa adicional de complejidad a las ya difíciles negociaciones.

El trabajo a reglamento iniciado por los camioneros ha tenido un impacto significativo en la recolección de residuos en la ciudad. Antes de la protesta, el gobierno porteño se jactaba de haber alcanzado un 90% de cumplimiento del servicio, cifra que llegó al 95% el viernes anterior a la huelga. Sin embargo, con la medida de fuerza, los indicadores han caído dramáticamente al 35%.

Esta mañana, con las calles porteñas llenas de basura, Jorge Macri habló con los medios y reiteró su postura: “No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, con lo cual si se hace mal, culpamos a las empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreos. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros: entonces no se entiende si defienden a las empresas porque dimos garantía de estabilidad a los trabajadores”.

Jorge Macri también expresó sus sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión anterior de Horacio Rodríguez Larreta, en relación con los procesos licitatorios de las empresas de grúas de acarreo. "Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo", indicó Macri.

Habló horas después de que se anunciara la cancelación del proceso licitatorio del servicio de grúas y acarreos y se informara que el sistema seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato. "No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó", aclaró. "Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad".

Macri dijo que cree que el gobierno de Larreta actuó de forma irregular, cuando le consultaron si el Gobierno "de su mismo signo político, hizo algo impropio": "Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa".

Y agregó: "Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo".

El gobierno porteño calificó a la preadjudicación de "onerosa" y afirmó que la ataba a ese convenio durante los próximos 10 años, al tiempo que implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además, en el comunicado la gestión resalta que a principios de 2023 se preadjudicó dicho servicio a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario.

Señalaron que el acuerdo estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares y obligaba al Gobierno de la Ciudad a pagar el costo de la operación aunque no haya acarreos. "El contexto económico actual obligó a la Ciudad a revaluar los costos, optimizar los recursos y mantener los estándares de los servicios", agregaron.

El gobierno de Jorge Macri ha decidido adoptar una postura firme y no ceder ante lo que considera una extorsión del sindicato de Camioneros. En su administración, planean crear una unidad operativa dependiente de la Dirección de Tránsito para organizar el sistema de acarreo, con la incorporación de 10 grúas nuevas. “Nos tomaremos con tranquilidad este semestre para analizar qué hacemos”, indicaron fuentes del entorno de Macri, dejando abierta la posibilidad de una nueva licitación, pero con un contrato más corto y menos oneroso.

Además, en el macrismo confirman sus sospechas de vinculaciones entre Camioneros y dos de las empresas que fueron preadjudicadas para el servicio de acarreo: UTE Ashira-Ecoba, sobre todo a través de la compañía Martin y Martin, y Transporte 9 de Julio. En la tercera empresa, UTE SAEM-Tránsito Rosario, tendría influencia el empresario Horacio Miró, cercano al peronismo cordobés y que en la década del 80 fue interventor de la obra social de la UOM.

El conflicto entre el gobierno porteño y el sindicato de Camioneros pone de manifiesto las complejas relaciones entre el Estado y los gremios en la administración de servicios públicos. La suspensión de la preadjudicación del contrato de grúas, calificada de “carísima” y “escandalosa” por Jorge Macri, ha desencadenado una protesta que afecta directamente a los vecinos porteños, quienes ven sus calles llenas de basura. La resolución de este conflicto será crucial para determinar el futuro del servicio de acarreo y la relación entre el gobierno y los sindicatos en Buenos Aires.