- Funcionarios de Morales minimizan los episodios de violencia policial e institucional de Campo Verde.
- Organismos que defienden los DDHH salen en defensa de los vecinos.
- "Hace años que no se veía un episodio de tal magnitud" afirmó Fabiola Suárez, Coordinadora contra la Violencia Institucional de la CTA.
Atropello y ninguneo en tiempos de "paz social"
Campo Verde bien podría ser tomado como ejemplo de comunidad organizada con histórico despliegue social, sin embargo viene siendo atormentada por la corporación política de Morales quien se ahorra la mediación para ir directamente al castigo.
Jujuy vuelve a figurar (negativamente) en las portadas de los grandes medios nacionales pero a los funcionarios provinciales no parece importarles; se han convertido en víctimas de la “ceguera de los monarcas” que convencidos de su buen accionar jamás miran sobre el hombro, sin notar el reguero de fallas que los antecede.
La catástrofe institucional de Campo Verde no es un accidente, existieron decenas de oportunidades para evitarla. Las pseudo encuestas que hoy se realizan en la zona podrían haber sido un gran mecanismo preventivo, oyendo de primera mano las inquietudes y preferencias para el emplazamiento de la escuela.
“Quienes conocen Campo Verde sabrá que es una comunidad muy organizada, con un gran trabajo social. Están todos los espacios designados incluso para escuela, este es el único espacio verde con el que cuentan. El único espacio con riego” describe la coordinadora contra la Violencia Institucional de la CTA Fabiola Suárez.
Varios días antes de los enfrentamientos, un grupo de vecinos con plano en mano señalaron ubicaciones acordes a sus necesidades que podrían haber conformado ambas partes, solo hacía falta un funcionario que los recibiera; el trabajo en territorio solo vale para la foto de campaña.
El mega operativo policial que afectó a centenares de efectivos para contener el mesurado descontento de un barrio, fue catalogado por los operadores del oficialismo como eficiente y acorde.
De paso, fiel a su estilo denostaron la labor periodística que dejó en evidencia dicha falacia; al fin y al cabo se escuchó más el relinchar de la caballería mientras cargaba contra niños que la coherencia de los referentes radicales que “dieron la cara” en el predio La Olla.
“Ponemos énfasis en la actividad preventiva que realizaba la policía esos días custodiando la tarea de construcción para una escuela secundaria. Los derechos humanos deben respetarse para todos, también son aplicados al personal de la fuerza quienes fueron agredidos, resultaron cinco con lesiones. Continuaremos pidiendo informes y emitiendo nuestra opinión de forma objetiva” solo atinó a comentar la secretaria de DDHH Jujuy Marcela Infante al ser consultada por la prensa.
En la misma línea, el ministro de Gobierno y Justicia Agustín Persassi minimizó los hechos de violencia describiendo con ojos vendados el saldo de heridos y honrando un pacto social educativo que hasta la fecha nunca fue vinculante con los objetivos iniciales, al menos no de manera productiva.
“Aquí no hubo represión policial, porque no se usaron elementos de represión, los efectivos solo usaron escudos para cubrirse de la pedrea que se desató en el lugar, tal es así que solo hubieron policías heridos, entre ellos tres mujeres policías y no hubo heridos entre los manifestantes... La ubicación del establecimiento en Campo Verde no es algo decidido al azar, el gobierno lanzó en el año 2016 el Pacto Social por la Educación, en cuyo marco se consultó a docentes, padres y alumnos sobre las necesidades que tiene el sistema educativo. Se tomó la decisión de construir escuelas nuevas y reparar de la totalidad de los establecimientos, cosa que no se hacía desde hace varios años".
En contraposición Fabiola Suárez debió hacer memoria para encontrar un antecedente más o menos cercano con el mismo nivel de violencia que se le parezca.
“La última vez que recordamos semejante represión fue allá en Malvinas (2012), con la construcción de la planta transformadora, pero fue un enfrentamiento no más de 1 día. Vemos un atropello terrible, una situación que no se veía desde hace mucho tiempo. Ver presencia policial de todas las fuerzas impresiona y recuerda tiempos que no queremos”.
En Campo Verde la relación con la comunidad está rota, atemorizados en sus domicilios, rodeados de móviles perseguidos y estigmatizados borrachos, tupaqueros son calificativos del gusto oficialista, a pesar de que no hay trasfondo político líderes o referentes, solo autoconvocados que desean una escuela mientras defienden su patrimonio.
Para los defensores de los pobres (calificación que el gobernador les dio a los vecinos) está claro que deberán saltar líneas para llegar a instituciones judiciales no subordinadas al poder de turno como la Secretaría de DDHH de la Nación, mientras tanto ampliar denuncias, presentar Habeas Corpus y como afirmó el abogado Luis Paz evitar que Morales siga buscando enemigos.