- El gobierno porteño dio de baja una preadjudicación para el servicio de acarreo municipal por considerarlo "costoso y poco transparente".
- La licitación había iniciado durante el gobierno de Larreta y beneficiaba empresas aparentemente vinculadas al sindicato Camioneros.
- En respuesta, las mismas empresas que ostentan la recolección de residuos permitieron que la ciudad se llenara de basura.
Conflicto por el acarreo en CABA: "Es una locura costosa y poco transparente"
La posición del gobierno de la Ciudad es inamovible, el proceso de preadjudicación del servicio quedará sin efecto y será prestado por la ciudad en el afán de cuidar las cuentas públicas. Empresas dedicadas a la recolección de residuos intervinieron por orden del gremio Camioneros llenando las calles de basura sin justificación, “un conflicto de intereses privados orquestado por la familia Moyano”, señalan fuentes cercanas al intendente Jorge Macri.
¿Cómo se relaciona la protesta de los recolectores con la negativa del gobierno porteño a seguir con la privatización del acarreo? Probablemente la pregunta que los vecinos porteños se hacen una y otra vez desde que las calles fueron ganadas por la basura. Aunque las tareas de higiene urbana comenzaron a normalizarse durante las últimas horas, la trama oculta de intereses/negociados es mucho más profunda, reabre el debate sobre los riesgos de ceder un servicio básico que los estados municipales podrían cubrir. Esto aplica en CABA pero también vale para San Salvador de Jujuy o cualquier otra jurisdicción donde existan empresarios que quieran lucrar con el Estado.
Para desentrañar la maraña de misterios hay que remontarse al 29 de julio de 2022 cuando bajo la administración de Horacio Rodríguez Larreta es publicado el decreto 251/2022 estableciendo el pliego de bases y condiciones para Licitación pública para la contratación del servicio de grúas para acarreo de vehículos.
Una acción que había sido demorada sin explicación por décadas, siendo que las firmas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) operaban en las calles con el contrato vencido desde hace 21 años, pagando un canon surrealista de solo $55.000 desde el año 2014 mientras obtenían ganancias millonarias todos los días. Uno de los principales cambios de la licitación excluía el servicio de parquímetros y máquinas tickeadoras que hasta ese entonces también correspondía a las empresas privadas, pasando de allí en más a la órbita del Estado municipal.
Durante la transición, el gobierno municipal garantizó la intervención de las grúas en casos de mal estacionamiento conforme se iban cumpliendo los pasos procedimentales hasta llegar a la etapa preadjudicatoria. Hecho que ocurriría a principios de diciembre de 2023, precisamente el 07/12 mismo día en que Jorge Macri asumió funciones como intendente, hecho que el propio dirigente insinuó “inoportuno”.
El sistema cuyo radio sería ampliado a nuevas zonas terminó por quedar en manos de dos Uniones Transitorias de Empresas (UTE) llamadas SAEM-Tránsito Rosario y Ashira-Ecoba, además de Transporte 9 de Julio. Las dos últimas vinculadas al sindicato de Camioneros que lidera Pablo Moyano, según afirman en la municipalidad porteña.
“Es medio raro que el conflicto se plantee cuando el jueves de la semana pasada le informamos al gremio de camioneros y las empresas que habían ganado la pre adjudicación que no íbamos a seguir adelante con el contrato de acarreo”, insinuó Macri durante una entrevista reciente en la señal Todo Noticias.
Lo cierto es que tras una revisión que llevó varios meses, los funcionarios del gobierno de la ciudad detectaron un contrato “demasiado caro y poco transparente”, la combinación de ciertos beneficios solo en favor de la parte privada que eran “una locura”, para Jorge Macri quien no ocultó las críticas hacia su predecesor a pesar de pertenercer al mismo signo político, incluso podría derivar en actuaciones judiciales según dejan entrever el equipo legal de CABA.
- Duración de la concesión que se extendía por 10 años siendo que lo habitual para este tipo de servicios es no exceder los 4 años.
- Pago de un adelantó de U$S8.000.000 para que puedan equiparse.
- Piso de garantía por valor equivalente a 24.000 acarreos por mes, es decir, asegurarle a la empresa que aún si las grúas no levantaban ese nivel de vehículos en infracción, la ciudad aseguraba su ganancia.
Finalmente sería el propio jefe de Gobierno a través de sus redes sociales quien confirmaría el cese de la preadjudicación, manteniendo al menos de manera temporal la prestación dentro de la órbita municipal como ocurre desde hace poco menos de dos años.
En respuesta casi inmediata, el gremio Camioneros al que están afiliados los operadores de grúas inició medidas de protesta utilizando la rama de Transportes 9 de Julio y Ashira-Ecoba que provee el servicio de recolección de residuos domiciliaria. Como consecuencia inmediata las veredas se llenaron de bolsas, la basura se desparramó sobre las calles y los contenedores rebalsaron. Durante más de 24 horas solo funcionó con un 35% de capacidad, plagando de basura una ciudad con 3 millones de habitantes.
La situación se normalizó con el correr de las horas y aunque fue consultado sobre el origen de la protesta como una estrategia de presión sindical ejecutada por Moyano para defender sus negocios, el intendente porteño prefirió evitar la confrontación con el gremio.
Vamos a mantener el sistema administrado por la ciudad, le damos garantía a los 310 empleados agremiados a Camioneros, vamos a analizar con tiempo si hay un mecanismo más razonable… Si le doy la chance a un privado que gane plata, debe asumir riesgos, como estaba planteado no puede ser.
Creo que el gremio se preocupó pensando que íbamos a dejar a los empleados sin laburo. Tal vez creyeron que plantear un conflicto con la basura era una buena manera de encontrar un acuerdo. La buena nueva es que se comprometieron a empezar a normalizar la situación de los contenedores, pero las empresas fueron multadas porque el cumplimiento es su responsabilidad.
La novela todavía está lejos de acabar, se están desarrollando auditorías ante presuntas irregularidades durante la firma de preadjudicación, por ejemplo se ha denunciado que funcionarios que ya no estaban en funciones pusieron su firma el día 11/12/23, cuatro días después de publicado el documento. Será la justicia que dirima estas cuestiones, aunque la brecha dentro del PRO capitalino solo se agranda más.