En un giro preocupante dentro del caso de la finca El Pongo, que involucra un enfrentamiento por tierras en nuestra provincia, la imputación de un menor de 12 años ha puesto en evidencia una serie de irregularidades judiciales y el abuso del poder estatal. Este hecho, ocurrido tras la presentación de un habeas corpus colectivo por parte de las familias afectadas, se ha transformado en un escándalo judicial, con implicaciones graves tanto a nivel de derechos humanos como de acceso a la justicia.
