Impuesto al juego: por qué no se aplica la ley
En medio de la crisis del transporte y los problemas para financiar el BEGU, el gobierno se resiste a cobrarle a los casinos pese a que hay una ley provincial que lo contempla. La excusa de la falta de definiciones respecto al porcentaje del impuesto y supuestos intereses económicos lograron, hasta hoy, frenar el tema.
Recientemente se redujo la cantidad de boletos para los beneficiarios del BEGU. Durante más de un año se otorgaron 60 pasajes, pero para la segunda mitad del 2019 serán 46 los boletos gratuitos. Esto se ajusta a lo que indica la ordenanza de creación del beneficio.
Lo llamativo es que, desde hace años, el propio intendente capitalino Raúl Jorge viene planteando la alternativa de financiar parcialmente al BEGU con los impuestos al juego de azar algo que está contemplado en una ley provincial y que, pese a ello, no se implementa con la excusa de que, si bien está reglamentada, no está definido el porcentaje a cobrar.
La ley N° 5880 "Boleto Estudiantil Gratuito y Universal Provincial" (BEGUP) determina, en lo que es el “fondo de financiamiento” de dicho programa, como debe usarse el impuesto al juego.
El artículo 5 sostiene: “Créase el Fondo de Financiamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal Provincial, destinado a contribuir a solventar los costos que demande la aplicación de la presente Ley”.
El artículo 6 hace referencia directa al impuesto a los juegos de azar: “El fondo referido en el artículo anterior se integra con los siguientes Recursos: a) El porcentaje del Impuesto al Juego de Azar que determine el Poder Ejecutivo Provincial, que quedará en la reglamentación de la presente Ley”.
Sin embargo, no quedaba claro aquí cuanto era el porcentaje que debía cobrarse de impuesto a los casinos aunque en alguna ocasión el intendente Jorge indicó que rondaría el 3 %.
En el caso del BEGU, el municipio destina alrededor de 90 millones de pesos al año (cerca de 9 millones al mes), una cifra superior a la del BEGUP que ronda los 62 millones de pesos.
En la jornada de ayer, el jefe comunal volvió a insistir en la necesidad de avanzar en esa dirección: “Sería una muestra muy importante por parte de quienes lucran con el juego”.
Lo cierto es que nadie explica porque los casinos siguen fuera de la órbita tributaria. Ni el Estado provincial ni la Legislatura dan muestras de querer cumplir con esa ley.
Opiniones de legisladores y concejales
Al respecto, el diputado del Frente de Izquierda, Iñaki Aldasoro, indicó: “El BEGU inicialmente, al no aplicarse este impuesto, terminó funcionando como una fenomenal licuación de las deudas millonarias de los empresarios por obras que no se hicieron. Después de esa licuación, empezó un sistema de subsidios por parte del Estado para cubrir esos boletos porque el Estado no quiere avanzar en cobrarles a los empresarios del juego que es una actividad que está creciendo y que hoy hay grandes disputas en la provincia para ver cómo se puede extender a municipios de La Quebrada”.
De esta forma, sostuvo, el Estado se resiste a cumplir con las leyes y elige beneficiar a un sector de empresarios.
“Hay un avance de todo un sector que está haciendo negocio con el juego y no se le quiere cobrar”, reiteró.
El concejal del PJ Matías Domínguez advirtió que la política fiscal del municipio no está funcionando y que los perjudicados son los beneficiarios.
Por otra parte, Pedro Belizán, diputado provincial y jefe de la bancada del Partido Justicialista jujeño, señaló que debería cobrarse dicho impuesto y destinarlo a financiar el BEGU pero dijo desconocer que intereses entran en juego.