Jujuy | Balacera de Azopardo |

Allanan oficinas del Ministerio de Educación

La justicia investiga el encubrimiento de los acusados por la balacera ocurrida en 2007 ; estaban prófugos pero cobraban como empleados del ministerio.

Medio juzgado de investigación trabaja en el allanamiento de distintas oficinas del ministerio de educación. 
Buscan expedientes que expliquen la contratación de los dos detenidos por la recordada balacera de Azopardo, ocurrida en 2007, hecho del que resultó herida de bala una niña.

El juez Pablo Pullen Llermanos descubrió durante el transcurso de la investigación que los imputados de apellido Ávila y Páez, hoy detenidos, eran solventados económicamente con salarios del Ministerio de Educación durante todo el período en el que permanecieron prófugos, escondidos en la provincia de Salta. 

Los sindicados como autores de los disparos que hirieron a la menor aparecían en los registros bancarios como titulares de un empleo en el área de educación no formal. 

Milagro Sala permanece detenida por el delito de encubrimiento, ya que habría sido ella quien organizó la fuga y el sostenimiento de los acusados en la vecina provincia. 

Su colaborador, Alberto Cardozo, jefe de la barra brava y por entonces enemigo de Sala, también permanece detenido ya que la justicia sostiene que intercambió disparos con los acusados. 

Los cargos que se les imputan a los implicados es homicidio en el grado de tentativa. 

Pullen Llermanos se mostró molesto por la demora del Ministerio de Educación para contestar los oficios de la justicia requiriendo los expedientes. 

“Hay una falta de colaboración absoluta de la ministra de educación, quien luego de reiterados oficios y bajo apercibimiento, no dio cumplimiento y sigue demorando el trámite del expediente; hay gente privada de la libertad por este asunto, así que no puedo darme el lujo de esperar meses hasta que la ministra se digne en responder el requerimiento”, expresó el juez.

La investigación podría complicar seriamente la situación judicial de la ex ministra Florencia Gellmeti, máxima responsable de la cartera educativa durante el período que la justicia investiga. 

 

 

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