Tras los anuncios oficiales sobre el impacto del recorte de subsidios nacionales, concejal de Libertador desmintió que el gobierno provincial no tenga margen de acción. Afirmó que el 35% de la boleta corresponde a tasas, impuestos y cargos como el FOPEJ, y sostuvo que si se eliminaran, los usuarios percibirían una rebaja superior al 40%.
La polémica en torno al componente de las facturas de energía eléctrica y el impacto del recorte de subsidios nacionales continúa sumando lecturas encontradas en la agenda política provincial.
En diálogo con Radio 2, la concejal de Libertador Gral. San Martín, Dolly Céspedes, cuestionó duramente la postura del oficialismo y aseguró que existen herramientas locales para aliviar el bolsillo de los contribuyentes.
Frente a las advertencias oficiales sobre aumentos en las boletas debido a la quita progresiva de subsidios, la edil señaló que parte del discurso oficial busca generar temor y desviar la atención sobre la carga tributaria provincial y municipal que recae sobre cada usuario.
"Cuando vos agarras una factura de la luz, te vas a dar cuenta de que el porcentaje de alumbrado público es un impuesto municipal, meramente municipal, que si bien lo cobra EJESA, eso va destinado al municipio en cuestión, es mucho más que el valor del IVA", explicó la edil.
La concejal detalló que una boleta promedio se compone de un 60% correspondiente al consumo energético real y al transporte, mientras que el 35% restante se reparte entre diversos tributos e ítems cuestionados, tales como:
Asimismo, recordó la existencia del decreto nacional 267/2024, el cual insta a las jurisdicciones a no cobrar ni incrementar tasas ajenas al consumo estricto, una medida que, según cuestionó, fue combatida judicialmente por la provincia mediante recursos legales para mantener dichos cobros.
En relación con la segmentación energética impulsada desde Nación, Céspedes aclaró que los subsidios se mantienen para sectores vulnerables, jubilados, pensionados, veteranos de Malvina y beneficiarios de asignaciones, desmintiendo que la quita afecte de manera generalizada a toda la población.
Finalmente, la concejal advirtió sobre la falta de respuestas institucionales ante problemáticas habitacionales y de infraestructura en el interior provincial, señalando que la falta de medidores comunitarios y la inacción municipal frente a asentamientos precarizados obligan a miles de vecinos a convivir con la precariedad energética mientras sostienen el pago de altas cargas tributarias en sus servicios.
