Resulta, cuanto menos, un ejercicio de gimnasia burocrática intentar explicar por qué una escalera que conecta la vida cotidiana de un barrio alto con el centro de la ciudad debe depender de un Ministerio de Infraestructura provincial, supuestamente abocado a la macroinfraestructura, y no de la propia gestión municipal, que es la que camina y conoce cada bache del ejido urbano.
Ascensores urbanos, un pintoresco viaje al infierno de los barrios
Las declaraciones del señor Muro y la realidad cotidiana de San Salvador de Jujuy nos colocan frente a un escenario de fragmentación administrativa que termina por desdibujar quién tiene la responsabilidad de cuidar al ciudadano.
Esta “tercerización” de las responsabilidades menores hacia la Provincia no solo suena a una excusa para justificar años de inacción, sino que evidencia una falta de autonomía o, peor aún, de voluntad política para gestionar lo propio. El vecino no necesita saber si el presupuesto sale de un programa provincial o de las tasas municipales: el vecino necesita subir y bajar de forma segura, algo que no sucede desde hace décadas.
Por otro lado, la mención orgullosa de los ascensores urbanos en Mariano Moreno o barrio Belgrano se presenta como un espejismo tecnológico frente a una realidad que golpea apenas se abren las puertas de la cabina. De nada sirve un transporte vertical moderno si, al llegar al destino, el ciudadano se encuentra con la misma precariedad de siempre: calles sin pavimentar, oscuridad, cordones cuneta inexistentes y un tejido social deteriorado por el abandono de los espacios públicos y el avance de los consumos problemáticos.
Lo que subyace aquí es una crítica profunda a una forma de gobernar que parece haberse agotado en el retoque estético y la obra aislada. Después de 17 años de una misma gestión, lo que se percibe en las calles no es un plan integral de ciudad, sino una sucesión de parches que no logran ocultar la falta de ideas ni de equipos con envergadura para pensar San Salvador de Jujuy como un todo. Gobernar es integrar el centro con la periferia en servicios y dignidad, no simplemente colocar un ascensor para que el vecino llegue más rápido a ver el abandono en el que está sumergido su barrio.
Sin un plan estratégico que trascienda la coyuntura, la gestión se reduce a una administración a medias, que ha dejado de mirar la ciudad de manera completa. El resultado es este escenario de abandono que hoy todos comentan y padecen.
Existe un evidente desorden jurisdiccional que, alimentado por una burocracia paralizante, ha convertido a la infraestructura básica en tierra de nadie. Se escucha a los funcionarios hablar de ministerios y competencias, pero mientras tanto el ciudadano que paga sus tasas municipales se enfrenta a una realidad que ya no admite más excusas técnicas: escaleras que deberían ser corredores seguros convertidas en trampas de basura, escombros, vidrios rotos y nidos de roedores.
La pregunta surge de manera inevitable: ¿es este abandono sistemático la verdadera devolución que las autoridades ofrecen frente a la carga impositiva que soporta el contribuyente? Resulta inaceptable que, en una ciudad con barrios altos consolidados, la conexión con el centro sea tratada como un problema administrativo de larga data y no como una emergencia de higiene y seguridad pública.
Este “limbo”, donde la Provincia no hace y el Municipio se desentiende, genera un vacío de poder que perjudica siempre al eslabón más débil: el trabajador que debe transitar esos espacios a diario. Hay un quiebre evidente en el contrato social. El vecino cumple con su parte del pacto al abonar tasas que se encuentran entre las más altas, pero la contraprestación brilla por su ausencia o se diluye en explicaciones de pasillo.
No se trata solo de construir estructuras de hormigón. Se trata de garantizar dignidad urbana mínima, mantenimiento y limpieza, tareas que por naturaleza son inherentes a la gestión comunal, pero que hoy parecen haber sido olvidadas en favor de una retórica permanente de la delegación.
Este panorama de desidia crónica no es más que el síntoma de una gestión que ha perdido capacidad de respuesta operativa, dejando que la burocracia le gane al sentido común y que el deterioro físico de la ciudad se convierta en el reflejo más fiel de un agotamiento político profundo, donde las prioridades están cada vez más lejos de los zapatos del vecino que padece la calle todos los días.
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