La Justicia de Estados Unidos dejó firme el fallo por la expropiación de YPF que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford.
La jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que la Argentina deberá pagar US$16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Fernández de Kirchner y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.
El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.
A partir de allí se desencadenaron acontecimientos que derivaron en este fallo.
La ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los fondos buitres de "sobornar" a jueces para que emitan fallos a su favor.
"Hay un viejo aforismo que reza: 'Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad'. Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares", publicó la expresidenta en su cuenta de X.
Y finalizó: "Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país".
Una semana después de dar a conocer su resolución, la jueza Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF.
Se trata de un fallo por el que la Argentina deberá pagarle poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi. La Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.
La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.
El gobierno argentino quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día.
Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de U$S 5.000 millones.
El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de U$S 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina.
De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a U$S 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza.
Es decir que la magistrada se inclinó por la mayor penalización para la Argentina.