La abogada Mariana Vargas cuestionó los obstáculos burocráticos que impiden cobrar la reparación económica a la hija de la víctima. Advirtió sobre la exigencia indebida de una sentencia firme cuando la requisitoria de juicio ya está aprobada.
Una serie de severos obstáculos administrativos e institucionales salieron a la luz en torno al acceso a los derechos fundamentales de las infancias huérfanas por delitos de violencia de género en la provincia.
El reclamo fue expuesto públicamente por la letrada Mariana Vargas, quien advirtió sobre la compleja situación que atraviesa la familia materna de Tamara Fierro, la joven víctima de femicidio en la localidad de Fraile Pintado.
La pequeña hija de la víctima aún no puede percibir el beneficio económico contemplado por la legislación nacional, debido a las trabas impuestas por los organismos encargados de gestionar la prestación.
La abogada explicó que la abuela materna, quien ejerce la tutela de la menor en un contexto de alta vulnerabilidad económica, enfrenta permanentes demoras en las sedes del ANSES para efectivizar la Ley Brisa.
Al respecto, la letrada remarcó que "desde que está la requisitoria de elevación a juicio en el femicidio de Tamara, esta niña ya podría haber cobrado; sin embargo, esto es obstaculizado por el ANSES y por eso lanzamos esta campaña, porque es una situación absurda".
En ese sentido, Vargas detalló que desde el organismo le rechazan la documentación exigiendo una sentencia de condena firme, la cual no está dictada debido a los recursos planteados por la defensa de los imputados en el Superior Tribunal de Justicia. "Le piden una sentencia firme que en realidad no es necesaria cuando tenemos la requisitoria firme; la ley es clara en que es una cosa o la otra", aseveró la profesional sobre los impedimentos que traban el subsidio.
Asimismo, precisó que para facilitar la gestión y evitar que la familia sea derivada entre dependencias de distintas provincias, resolvieron gestionar la radicación del cambio de domicilio de la menor directamente en suelo jujeño.
Por otra parte, la abogada visibilizó una segunda problemática que afecta a las infancias víctimas colaterales de la violencia machista, vinculada al trágico hecho ocurrido recientemente en la ciudad de La Plata.
En dicho caso, el acusado de cometer el crimen trasladó a su bebé hacia la provincia de Jujuy y lo dejó en poder de familiares paternos antes de entregarse formalmente ante las autoridades policiales.
Sobre este escenario, Vargas confirmó que acompañan las gestiones junto a organismos nacionales para lograr la inmediata restitución del niño a su entorno familiar materno directo. "Estamos acompañando a la abuela para que el niño sea devuelto a su centro de vida; cuando las criaturas quedan con las familias del femicida se generan situaciones de mucho dolor y revictimización", concluyó.
