Las Organizaciones Sociales están “incumpliendo la orden del juez”
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó hoy que las organizaciones sociales están “incumpliendo con una medida dictada por el Juez contravencional”, Gastón Mercau, al referirse a las medidas de desalojo de la Plaza Belgrano dictadas por la justicia jujeña.
“Nosotros tenemos una orden del Juez de contravenciones que tienen que dejar la plaza, así que hay un incumplimiento”, dijo el mandatario provincial en relación a la decisión de las organizaciones sociales, las cuales permanecen en Plaza Belgrano y solicitan la inmediata liberación de su dirigente, Milagro Sala.
En ese marco señaló que la protesta que permanece frente a la Gobernación “es a esta altura política y destituyente” y “tiene que ver con seguir manteniendo un sistema de cogobierno”, indicó Morales durante una conferencia de prensa donde anunció beneficios de asistencia médica para trabajadores de cooperativas.
Por otra parte el mandatario provincial, amplió sus denuncias responsabilizando a Milagro Sala, por imponentes sumas de dinero, que según el mandatario radical se endosaban en cheques para la realización de obras de construcción que “en ningún momento se dieron inicio”, aunque de momento no ha realizado nuevas presentaciones judiciales más allá de la que motivó la detención de Sala.
“Estamos marcando un modo operandi de una asociación ilícita que funcionaba con funcionarios de viviendas. La denuncia es a Milagro Sala y algunos de los líderes que están en la plaza y ex autoridades del Instituto de Viviendas de Jujuy”, sostuvo respecto a la demanda.
La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) "exigió" al gobierno de Jujuy "la inmediata liberación" de la dirigente Milagro Sala y "el cese de la persecución contra los militantes sociales".
Mediante un comunicado de prensa, la AAL afirmó que el arresto de la legisladora del Parlasur "se trata de una nueva demostración de la política de criminalización de la protesta que viene desarrollando el actual gobierno, tal como lo denunciáramos recientemente al pronunciarnos contra la represión y los despidos en Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo y en todos los estamentos del Estado".
"El conflicto social, inherente a la contradicción de clase y mucho más en el contexto de planes de ajuste de la economía, no se resuelven cercenando las libertades democráticas, ni persiguiendo a quienes encabezan las protestas", afirmó la entidad.
En ese contexto, "al Gobierno nacional le exigimos, nuevamente, el desprocesamiento de los miles de dirigentes y activistas procesados por ejercer legítimos derechos como son la huelga, la manifestación y la protesta y, una vez más, exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista y el cese de la utilización de todos los resortes de inteligencia del Estado para la persecución y detención de dirigentes sociales, como el Proyecto X".