Jujuy Al Momento

Jujuy al Momento

No hay autorizaciones para exploración de litio en Salinas Grandes

Comunidades aborígenes y el Estado provincial, fueron escuchados por los miembros de la Suprema Corte de Justicia en el marco de un reclamo encarado por las comunidades originarias.

En su exposición, el Fiscal de Estado Alberto Matuk, reconoció que “no hay autorizaciones para trabajos de exploración o explotación de litio en Salinas Grandes, aunque sí hay pedimentos que no están resueltos”.

En la Sala de Audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, escucharon las ponencias del Gobierno de la Provincia de Jujuy y las comunidades indígenas que reclamaron a ese tribunal que condene al Estado por violentar su derecho a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, con respeto a las explotaciones mineras.

La demanda fue la reacción frente a perforaciones –sin autorización estatal, aparentemente- realizadas en la región de la Cuenca de Guayatayoc, Salinas Grandes, en un contexto definido por el boom del litio. Las comunidades temen que la explotación del litio altere ese ecosistema y las prive de su fuente principal de subsistencia, las salinas. Esto obligaría a una transmigración, un fenómeno que crece a medida que se extiende el modelo de desarrollo extractivo y que aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.

Durante la audiencia, la Corte solicitó insistentemente a la representación de las comunidades -a cargo del dirigente Liborio Flores y la abogada Alicia Chalabe- precisiones sobre el objeto de la demanda y lo que se espera que ese tribunal requiera finalmente al Estado. Los miembros de la Corte, daban cuenta en ese proceso de la dificultad para interpretar la demanda indígena, que puso en debate cómo se vincula el Estado con los pueblos originarios.

La abogada, definió: “Esperamos un proceso de consulta con los estándares de derechos humanos” y señaló las pautas que deben regir ese procedimiento y que fueron fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Saramaka vs Surinam.
 
Allí el máximo órgano del sistema interamericano recordó en primer término que “los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica”. Un concepto que varias veces fue explicado por la abogada Chalabe: la relación de las comunidades con su territorio es una relación “casi humana”, define su identidad y su existencia misma. Las comunidades son en el territorio y sin él, desaparecen.

En el fallo mencionado, la CIDH al condenar a Suriman señaló que “el Estado tiene el deber de consultar  activamente, con la comunidad, según sus costumbres y tradiciones”. Es decir se trata de un procedimiento adecuado culturalmente, con los métodos tradicionales de su pueblo.

Pero además la CIDH avanza en precisiones y señala que el deber de consulta debe garantizarse en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión, y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación, por ejemplo para un proyecto minero. Es decir, debe haber un esfuerzo por participarles a las comunidades los proyectos de desarrollo antes de que se definan.

“Siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar.

En consecuencia, el Relator Especial de la ONU determinó que “Es esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo”.

Nada de esto ha ocurrido en las Salinas Grandes, donde según el Fiscal de Estado Alberto Matuk, no hay autorizaciones para trabajos de exploración o explotación. Sin embargo, la información pública de empresas como Orocobre, alertan sobre previsiones en ese sentido en la región. El Fiscal, ante la Corte, negó que haya autorizaciones, aunque sí reconoce que hay pedimentos que aún no se han resuelto.

Según las comunidades hay una política de Estado que ha definido como eje del desarrollo económico la explotación del litio. Y esto no ha sido un tema consultado previamente a los pueblos indígenas, ni se les ha provisto información para que pudieran tener conocimiento y reducir la incertidumbre y la desazón que genera el no conocer lo que está sucediendo.

La comunidad de Santuario de Tres Pozos observó un área inundada tras una perforación realizada en el marco de trabajos de prospección minera. Un informe técnico efectuado a pedido del COAJ, por el Dr. En Biología Jorge Gonnet y el Dr. En Geología Aníbal Manzur, determinó que la situación se produjo al haberse afectado un acuífero y destacó que “esta situación de inundación está afectando la condición natural de la salina en el sitio”. Los técnicos advirtieron entonces que “si la condición de urgencia se extiende en el tiempo, se generará una importante superficie de agua permanente, que provocará un impacto significativo sobre el sistema salino, afectando la posibilidad de la explotación tradicional de sales”.

Situaciones similares vivieron las comunidades de Cobres, Tipán y Cerro Negro de Salta, que observaron la realización de pozos con una máquina perforadora en el sector del Salar de Salinas Grandes, que también generó inundaciones con “agua que fluye y es dulce”.

El Estado, debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para llevar a cabo planes de desarrollo o inversión a gran escala que tengan un impacto significativo en el derecho al uso y goce de sus territorios ancestrales. Esto es lo que debió ocurrir en Salinas. Y la participación y consulta debió ser desde el inicio, aún cuando no haya exploracione..

El Fiscal de Estado entiende, porque así lo dijo ante la Corte, que “el ordenamiento jurídico provincial satisface con holgura las cuestiones atinentes al medio ambiente, a los recursos naturales y a la participación de las comunidades aborígenes”.  También aduce que la Unidad de Gestión Ambiental es el espacio de participación y que las comunidades son consultadas en los proyectos mineros.

Lo que el Fiscal omite es que la representación indígena allí es mínima, pero además no reconoce que provincia no cuenta con un procedimiento claro, específico y adecuado culturalmente para consultar a las comunidades indígenas. Si consulta, lo hace mal. Tampoco cuenta con procedimientos para el consentimiento previo libre e informado. Los mecanismos existentes actualmente, no responden a los estándares del derecho indígena y además no se ha garantizado a las comunidades que en las lábiles instancias de consulta puedan contar con los elementos para poder dirimir los informes de impacto ambiental, con el asesoramiento adecuado para interpretar los datos allí provistos.

En todo el debate por el litio, que importa un debate sobre el tipo de desarrollo, el Estado no se ha esforzado por garantizar la participación de todas las comunidades ubicadas en la región del litio. Si así hubiera sido, las 33 comunidades que promueven la demanda ante la Corte, no hubieran tenido que judicializar su reclamo.

Cargando ...