Zona Franca de Perico, entre anuncios de gobierno y el avance real de la obra
- Gerardo Morales y el presidente del Ente Administrador, Martín Luque, anunciaron la posible puesta en funcionamiento de la Zona Franca de Perico para noviembre de 2022.
- El anuncio se suma a una larga lista de fechas incumplidas, acuerdos paralizados y financiamiento inconsistente.
- "Estamos haciendo un proyecto de desarrollo regional, estamos hablando de miles de personas que podrían beneficiarse" afirmó Luque.
Finalmente el proyecto inició con la aparente seriedad que una empresa de tamaña envergadura merece. Jujuy tendrá su primera Zona Franca funcionando a mediados de noviembre 2022 según las estimaciones de los funcionarios provinciales.
En primer término fue el gobernador Gerardo Morales quien anunció las buenas nuevas hace dos semanas atrás al encabezar un acto junto a obreros, ministros, funcionarios y allegados desde el predio lindero a la Ruta Nacional 66. Aunque los dichos del mandatario irónicamente no eran secundados por un cartel de obra devenido en follaje y prácticamente en blanco.
“Esperamos que en 12 meses sean muchas las empresas que se radiquen en Jujuy para ocupar mano de obra local, porque sabemos que la única forma de combatir la pobreza es generando trabajo y poniendo en alto las banderas de la paz, el respeto y el esfuerzo”, publicó en sus redes sociales.
Recientemente el presidente del Ente de Administración de las Zonas Francas Martín Luque se sumó con gran algarabía por su “participación en el proceso”, ponderando la recuperación del proyecto que “se había caído” en el año 1998.
“La primera etapa costará cerca de 500 millones de pesos, lo bueno es que lo hace una empresa privada y los fondos ya están asignados. Cuanto más rápido trabajen, más rápido cobrarán eso nos asegura que se cumpla en tiempo y forma. Son 12 meses, cuando se termine hay que ir aduana para que venga y lo habilite. Tras la habilitación calculamos más o menos en cuatro meses estaríamos, es decir 16 meses”.
Aunque los antecedentes cercanos interpelan los dichos de Morales y Luque. Los cálculos sobre el calendario jamás han sido una ciencia exacta para la administración pública: los continuos retrasos de la planta fotovoltaica Cauchari, el inerte y embarazoso Parque Industrial periqueño, el tren Jujuy-La Quiaca y su variante solar son algunos ejemplos de un archivo que condena.
En cuanto a las dos versiones de la Zona Franca (minorista y mayorista), la catarata de anuncios estuvo a la orden del día desde mediados de 2019 entre fechas de inauguración corredizas, firma de convenios, toma de créditos y ampliación de fines comerciales:
- A mediados de octubre 2019 el actual diputado provincial Abud Robles, por ese entonces ministro de Desarrollo Económico y Productivo anunciaba el inicio de obras “en un par de semanas” con finalización en 10 meses, es decir aproximadamente en agosto de 2020.
- Días después era Gerardo Morales quien aseveraba que “el 1 de noviembre inician las obras en Perico y el 15 de noviembre en la Quiaca… Le pedí al equipo que me gustaría inaugurar la zona franca de La Quiaca en diciembre”. Y redoblaba la apuesta al reconocer el interés de los expendedores de combustible en instalarse en las cercanías y la incorporación de vehículos para la venta al por menor.
- Noviembre de ese mismo año llegó con la firma de un nuevo acuerdo, esta vez suscripto entre dos empresas estatales como CANNAVA SE y JEMSE para la construcción de un laboratorio de producción de aceite de cannabis.
- Recién el 20 de julio de 2020 el gobernador volvería a realizar anuncios significativos sobre las Zonas Francas durante la presentación del “Plan Económico Post-Pandemia” en una de las habituales conferencias que se transmitieron por TV abierta y streaming. Para Morales fue inevitable reconocer los retrasos, pero escogió escudarse detrás del impacto generado por el Coronavirus. No obstante, la desmesurada cantidad de gráficos elaborados con mera especulación y/o futurología solo terminaron por confundir al televidente.
Para los jujeños que perdieron la pista entre tanto anuncio: Zona Franca hace referencia a un territorio dentro de un país que goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una diferente regulación de estos.
Vale aclarar que las bondades del proyecto, su impacto en el alicaído circuito económico local, la capacidad receptiva local e internacional que motiven el ingreso de divisas, la generación de empleo y el derrame sobre el comercio regional están fuera de discusión.
El manto de dudas cubre la capacidad de ejecución de un gobierno acostumbrado a anunciar y postergar de manera sistémica. En conclusión la fecha estimativa terminó por correrse de agosto 2020 según Abud Robles a Noviembre 2022 según Luque.
La pandemia no parece una excusa valedera, porque durante el primer anuncio y la llegada del Coronavirus a Jujuy transcurrieron más de cinco meses donde los viajeros solo llegaron a ver un precario alambrado y un cartel que terminó por destruirse ante las inclemencias del tiempo.
ZONA FRANCA DE LA QUIACA Y EL CONFLICTO POR LAS TIERRAS
Desde la concepción del proyecto han surgido múltiples inconvenientes con las comunidades asentadas en la zona de interés para el montaje de la Zona Franca minorista, especialmente con los integrantes de La Quiaca Vieja quienes viajaron hasta la Legislatura provincial para exhibir su repudio por considerarse indebidamente informados.
“Siempre estamos viendo si por el inconveniente, problemita ese, no estamos viendo lo bueno que se hace. Estamos haciendo un proyecto de desarrollo regional, estamos hablando de miles de personas que podrían beneficiarse, no solo con empleo si no con actividad económica y futuro. Esos pequeños detalles siempre se solucionan. No podemos centrarnos siempre en un problema porque siempre aparecerá otro” justificó Luque.
Para el presidente del Ente, la puesta en funcionamiento de la Zona Franca representa “la única alternativa para la gente de la zona” siendo un proyecto de desarrollo regional integral. Pero entre los principales reclamos de los quiaqueños aparecía el temor ante un posible desalojo y una oferta económica irreal sobre sus tierras.
Considerando la desinformación como origen del conflicto, Luque aclaró en diálogo con medios jujeños que bajo la Ley de Expropiación “se deposita a los dueños dominiales de la tierra el 10% del valor fiscal. Se hace un juicio paralelo a ello donde el juez establece el valor real de la propiedad” explicó el funcionario.