Fernández y sus implicancias la política nacional

El caso de Alberto Fernández ha sido devastador para la imagen del kirchnerismo y del peronismo en general. Fernández, quien llegó a la presidencia como un líder de consenso dentro del PJ, ahora se enfrenta a una acusación grave que ha sacudido los cimientos de su legado político.

Según algunos autores, la figura de un líder es fundamental para la cohesión y la identidad de un partido político. En este sentido, la caída de Fernández representa un golpe significativo para el Partido Justicialista, que lo había respaldado como un candidato capaz de unificar las distintas facciones del peronismo.

La gravedad de las acusaciones ha provocado una serie de reacciones dentro del PJ, desde el silencio incómodo de los seguidores de Cristina Kirchner hasta las declaraciones aisladas de otros dirigentes que han tratado de distanciarse del expresidente. Este comportamiento refleja una crisis interna en el peronismo, que se encuentra dividido entre quienes aún defienden a Fernández y quienes ven en este escándalo una oportunidad para redefinir el liderazgo del partido.

Los partidos políticos son organizaciones que dependen de la imagen y la credibilidad de sus líderes para mantener su legitimidad ante el electorado. En este caso, la figura de Fernández se ha convertido en un lastre para el PJ, afectando su capacidad para proyectar una imagen de unidad y fortaleza.

El impacto del escándalo de Fernández no se limita al peronismo; también ha tenido repercusiones significativas para la dirigencia política en general. Muchos actores políticos, tanto dentro como fuera del PJ, han optado por mantener un silencio cauteloso o por emitir declaraciones aisladas que evitan abordar directamente el tema. Esta reacción refleja un temor generalizado a ser asociados con la decadencia moral y ética que el caso Fernández simboliza. La ética de la responsabilidad es fundamental para la legitimidad de los líderes políticos. En este caso, la falta de una respuesta contundente por parte de la dirigencia política en general puede ser interpretada como una señal de complicidad o de incapacidad para enfrentar los problemas que aquejan al sistema político.

Además, el escándalo ha alimentado la narrativa de la decadencia de "la casta" política, una noción que ha sido central en la retórica del oficialismo de Javier Milei. El término "casta" se ha utilizado para describir a una élite política corrupta e ineficiente, y el caso de Fernández ha proporcionado una nueva evidencia para quienes sostienen que la clase política argentina está moralmente en bancarrota. Como argumenta Gramsci, las crisis políticas son momentos en los que se desnudan las contradicciones internas de un sistema, revelando las debilidades de sus instituciones y líderes. En este sentido, el escándalo de Fernández ha sido un catalizador para la erosión de la confianza en la dirigencia política argentina.

El gobierno de Javier Milei ha aprovechado el escándalo de Fernández para avanzar en su agenda política, utilizando el caso como justificación para el cierre o vaciamiento de organismos estatales de lucha contra la violencia de género y la discriminación, como el Inadi. Esta estrategia refleja una visión política que busca desmantelar las instituciones creadas durante los gobiernos kirchneristas, presentándolas como ineficaces o corruptas. Según los teóricos de la ciencia política, las crisis son a menudo utilizadas por los gobiernos para consolidar el poder o para implementar reformas que de otro modo serían impopulares.

La rapidez con la que el gobierno de Milei condenó públicamente el caso Fernández y utilizó el escándalo para justificar sus políticas ha sido notable. Este enfoque ha sido interpretado como un intento de capitalizar el descontento social hacia la "casta" política, reforzando la narrativa de que el sistema es irreparablemente corrupto.

Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos. La utilización de un caso individual para justificar cambios estructurales en el Estado puede ser vista como una maniobra oportunista que ignora las demandas de una amplia mayoría social que no necesariamente pide la eliminación de estos organismos, sino su reforma y mejora. En este sentido, el enfoque de Milei podría polarizar aún más a la sociedad argentina, exacerbando las divisiones políticas y sociales.

El escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández no ocurre en un vacío, sino en un contexto de creciente descontento social hacia la clase política argentina.

Hace apenas un año, en las elecciones de 2023, la ciudadanía argentina expresó de manera contundente su rechazo al statu quo de la dirigencia política, optando por un cambio radical en el liderazgo del país.

La elección de Javier Milei, un outsider político que se presentó como el antídoto contra "la casta" política, fue un claro mensaje de que una parte significativa de la población ya no confiaba en los actores tradicionales para liderar la nación.

El voto en contra del establishment fue una señal de la profunda insatisfacción con un sistema percibido como corrupto, ineficaz y desconectado de las necesidades del pueblo.

El caso de Fernández, en este sentido, no solo confirma las peores sospechas de los votantes que eligieron a Milei, sino que también agrava aún más la ya profunda brecha entre la sociedad y su dirigencia. Este escándalo refuerza la percepción de que la clase política en su conjunto está moralmente comprometida y es incapaz de autogobernarse con integridad.

Como señala Hirschman en su teoría de "salida, voz y lealtad", cuando los ciudadanos pierden la fe en la capacidad de sus líderes para responder a sus demandas, tienden a buscar alternativas fuera del sistema establecido, ya sea retirándose del proceso político o apoyando movimientos disruptivos que prometen un cambio radical. En el caso argentino, la elección de Milei fue claramente una manifestación de esta lógica de "salida".

El impacto del escándalo Fernández no se limita a una simple crisis de imagen para el Partido Justicialista; se extiende a una crisis más profunda de legitimidad para todo el sistema político.

En un momento en que la dirigencia política debería estar trabajando para reconstruir la confianza pública y para cerrar las divisiones que han fracturado a la sociedad argentina, este hecho vergonzante sirve como un recordatorio brutal de las fallas sistémicas que continúan erosionando esa confianza.

Las divisiones entre la sociedad y su dirigencia no solo se mantienen, sino que se profundizan, alimentadas por la percepción de que aquellos en el poder no son capaces de liderar con ética ni de representar los intereses de la mayoría.

Es crucial destacar que, a lo largo de la historia, las democracias han enfrentado momentos de crisis en los que la brecha entre los líderes y los ciudadanos se vuelve insostenible. En estos momentos, la dirigencia política tiene dos opciones: puede reconocer sus fallas y trabajar para reparar la relación con el pueblo, o puede continuar ignorando las señales de descontento, arriesgándose a una deslegitimación total. La legitimidad en un sistema democrático no se basa únicamente en la legalidad de los procesos electorales, sino también en la percepción de los ciudadanos de que sus líderes gobiernan en beneficio del bien común y no de sus propios intereses.

En Argentina, el caso Fernández pone de manifiesto la fragilidad de esa legitimidad. Mientras la sociedad se muestra cada vez más polarizada, con un sector apoyando a líderes populistas que prometen barrer con el sistema y otro defendiendo a las instituciones tradicionales, la dirigencia política parece incapaz de ofrecer una visión unificadora que pueda cerrar estas heridas. La incapacidad de la dirigencia para abordar de manera efectiva este escándalo no solo perpetúa la desconfianza, sino que también la amplifica, alimentando un ciclo de desafección política que amenaza con desestabilizar aún más el sistema democrático.

El desafío que enfrenta la dirigencia política argentina en este momento es inmenso. No se trata simplemente de superar un escándalo, sino de enfrentar una crisis de legitimidad que pone en riesgo la estabilidad del sistema político en su conjunto.

La respuesta a esta crisis determinará no solo el futuro del Partido Justicialista, sino también el de la democracia argentina. La historia sugiere que, sin un cambio profundo en la cultura política y una reconexión con las demandas y aspiraciones del pueblo, el abismo entre la sociedad y sus líderes solo continuará creciendo, con consecuencias impredecibles pero potencialmente devastadoras para el país.

La creciente desconfianza en la dirigencia, exacerbada por el caso Fernández, puede llevar a un punto de no retorno, donde la ciudadanía ya no vea valor en participar en un sistema que percibe como irremediablemente corrupto. En este sentido, el desafío no es solo para el peronismo, sino para todas las fuerzas políticas que aspiran a gobernar en un contexto de creciente polarización y desencanto social.

Si la dirigencia no logra responder adecuadamente a esta crisis, podría estar sembrando las semillas de un futuro aún más incierto para la democracia argentina.