Una vez más, los concejales, a espaldas de la gente, votan los negocios del poder

La Constitución Nacional establece claramente que los concejales son representantes de los vecinos, responsables de defender sus intereses frente a las decisiones del poder ejecutivo. Sin embargo, en varias ocasiones, hemos visto que algunos de ellos actúan en complicidad con el intendente, priorizando órdenes superiores y dejando de lado el cumplimiento de la ley y la democracia.

Un ejemplo claro de esto es la reciente votación en la que se aprobaron contratos de licitación relacionados con servicios esenciales, como la recolección de residuos, en forma irregular y sin respetar los mecanismos legales previstos, como la audiencia pública.

La ley y la Constitución Nacional, específicamente el artículo 42, garantizan que toda decisión sobre contratos, tarifas o prórrogas debe contar con una audiencia pública previa, que asegure transparencia, información adecuada y participación ciudadana. Esto no es una formalidad; es un derecho constitucional y una medida de previsibilidad que protege a los vecinos y evita manejos discrecionales.

Lo más grave, además, es que estas decisiones se toman con una liviandad que viola derechos fundamentales y principios básicos del estado de derecho. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara en señalar que la audiencia pública previa no es un mero trámite, sino un requisito imprescindible para garantizar decisiones legítimas, fundamentadas y respetuosas de la constitución.

Es evidente que algunos concejales, en su afán de complacer al poder de turno—que muchas veces está en manos de empresarios ligados a intereses políticos—tampoco cumplen con su rol de defensores de la ciudadanía. en vez de actuar como garantes de la legalidad y la transparencia, parecen estar al servicio de quienes buscan privatizar servicios públicos esenciales, como la recolección de residuos, de manera que favorezcan a amigos del poder en detrimento del bienestar colectivo.

Este es un llamado de conciencia. La función del concejo no es aprobar a ciegas decisiones que afectan nuestra vida diaria, sino vigilar, controlar y garantizar que todos los procedimientos se ajusten a la ley y a la constitución. La democracia requiere de participación, de información y de mecanismos que protejan a los vecinos de decisiones arbitrarias y de intereses particulares.

El concejal de la oposición Guillermo Alemán, ha puesto de manifiesto cómo se han manejado, en su opinión, irregularidades en la concesión del servicio de recolección de residuos.

Según explica, este contrato fue otorgado inicialmente en 2012, en un proceso de licitación. Los plazos que establecieron en ese momento incluían un límite para el servicio, pero con las prórrogas, estas extendieron la vigencia del acuerdo hasta el 3 de junio de 2023. Luego, en ese año, se autorizó una prórroga única y excepcional, que debía durar hasta que se concretara una nueva licitación. De acuerdo a la ley y a los pliegos del proceso, ese plazo era de 120 días, según lo establecido en el artículo 18 de la licitación del 2012.

Pero aquí está el problema: el concejal denuncia que, en realidad, esas irregularidades no se respetaron. Afirma que, a fines del año pasado, presentó una nota oficial al municipio solicitando información sobre estos procedimientos, y que esa nota nunca fue respondida. Es decir, no hay un esclarecimiento formal ni una respuesta clara a las dudas planteadas.

Por si fuera poco, el concejal también señala que la tarifa de ese servicio se ha fijado en forma totalmente oculta, sin audiencias públicas ni espacios de participación ciudadana. Afirma que, en realidad, las decisiones sobre cuánto se cobra y cómo se fijan las tarifas, las discuten a puertas cerradas el intendente, sus funcionarios y el concesionario, en este caso Rivarola, sin consultar ni escuchar a los vecinos ni a los usuarios del servicio.

Lo más preocupante de todo es que, según el concejal, estas decisiones están ampliando el negocio de Rivarola hacia barrios en los que antes el servicio era municipal, como higuerillas o norte. Sin participación de los vecinos, sin consultar a la comunidad, y sin que se respeten los mecanismos democráticos. Esto, además, puede afectar la fuente laboral de los recolectores municipales, que en muchos barrios trabajan con esfuerzo y compromiso.

¿La conclusión? nos están diciendo que todo esto se hace a espalda del pueblo, sin transparencia, sin discusión real y sin respetar la ley. La ley de licitaciones y la constitución nacional garantizan que las decisiones importantes como estas deben hacerse con participación pública y con mecanismos claros. No puede ser que se aprueben contratos y tarifas en secreto y a puertas cerradas, afectando los derechos de todos los vecinos.

A propósito es también importante saber cómo votaron concejales supuestamente opositores como el caso de Liliana Giménez del partido Lyder que se reporta no a la gente sino la Isolda Calsina vía Alejandra Mollón ex concejal y actual edecán de la ministra de planificación provincial. La señora Giménez no acompañó el proyecto, se abstuvo argumentando su no participación sobre la discusión previa del mismo, con lo cual no pudo acceder al estudio de tarifas y otros aspectos vinculados al contrato. En tanto la concejal Graciela Carrasco integrante del sector Primero Jujuy cuyo referente es el diputado provincial Carlos Haquim quien, simultáneamente, presentó un proyecto en la Legislatura que entre otros aspecto resaltó su férrea defensa a la figura de las audiencias públicas en el tratamiento de los servicios públicos concesionados durante el minuto 22,35 de la transmisión oficial en el propio Concejo Deliberante voto a favor de la atrocidad oficial.

Sin lugar a dudas que todo se trata de una gran hipocresía que no hace más que debilitar la democracia en Jujuy.