La austeridad simulada esconde un garrote económico para los intendentes

Al detenernos en el artículo 1, inciso g, queda al desnudo la verdadera intención: bajo el ropaje de la austeridad y la restricción del gasto, se esconde el garrote económico contra los municipios. Es una política de tipo “frankenstein”, armada con retazos de autoritarismo y parches financieros, que deliberadamente omite tocar los privilegios de la casta jerárquica estatal para descargar el peso del ajuste sobre el eslabón más débil, que son los trabajadores municipales y los vecinos del interior.

El SEOM ya puso el grito en el cielo porque sabe que, sin esas transferencias extraordinarias, el pago de salarios entra en una zona de riesgo total. Pero lo más grave aquí es la anomalía institucional: resulta inadmisible que en pleno siglo XXI Jujuy siga siendo la única provincia del país sin una ley de coparticipación municipal.

Esta carencia no es un olvido, es una herramienta de sometimiento. Al no haber reglas claras y automáticas para el reparto de fondos, los intendentes quedan reducidos a la figura de mendigos que deben ir a golpear la puerta de una Jefatura de Gabinete que maneja la billetera con una discrecionalidad monárquica. Se pisotea la autonomía municipal y se ignora el voto popular para sostener un esquema unitario donde el poder central, todavía bajo la sombra de Gerardo Morales, decide quién sobrevive y quién no según la fidelidad política.

Mientras el proyecto de ley junta polvo en la Legislatura por orden del jefe político, la democracia representativa y federal se convierte en una ficción administrativa. Estamos ante una lógica patrimonialista del Estado, donde se confunde la caja pública con la billetera propia, manteniendo como rehenes a los jefes comunales bajo un clima de miedo que Sadir, lejos de erradicar, ha decidido administrar.

Restringir estas partidas en un contexto de crisis galopante no es solo una medida técnica, es jugar con fuego en el interior profundo de la provincia, profundizando una precarización que ya roza lo inhumano y desafiando, con una soberbia peligrosa, la paz social que tanto pregonan pero que día a día erosionan con sus propios decretos.

El decreto 5084 traza una línea ética divisoria que es un insulto a la inteligencia del trabajador estatal. ¿Cómo se explica que el ajuste se detenga justo antes de tocar los despachos de la alta jerarquía? Estamos financiando con el hambre del interior profundo una estructura burocrática elefantiásica, carísima e ineficiente que, lejos de gestionar soluciones, se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo.

Es la paradoja de la ineficacia premiada: funcionarios que fallan sistemáticamente en sus metas pero que mantienen sus privilegios intactos, mientras el ciudadano de a pie debe decidir entre comer o pagar los servicios.

No es solo una cuestión de números, es un modelo de gestión que ha naturalizado la desigualdad desde la propia cima del poder, donde quienes toman las “grandes decisiones” parecen vivir en una burbuja de inmunidad económica. Esta lógica de salvar a la tropa propia mientras se asfixia a los municipios y se precariza la vida en las localidades más alejadas no es gestión, es supervivencia política a costa del sacrificio ajeno.

La indignación empieza a germinar frente a un Estado que se ha vuelto un fin en sí mismo, un ente que se devora los recursos de un pueblo al que ya no sirve, pero al que le sigue exigiendo una resiliencia que ya llegó a su límite. Jujuy se ha convertido en el reino de la discrecionalidad, donde la ley es un látigo para el de abajo y una sugerencia para el de arriba, configurando una estafa social que, tarde o temprano, chocará de frente con la cruda realidad de una provincia que ya no aguanta más parches.