Una crisis institucional que carcome los cimientos de la democracia

Cuando hablamos de institucionalidad, no nos referimos a un concepto abstracto o jurídico para entendidos, sino a la garantía de que el poder tiene límites y de que las reglas del juego se respetan para todos por igual. El escenario en la ciudad fronteriza es alarmante: concejales a quienes se les impide asumir a pesar de contar con el respaldo de los votos y con resoluciones judiciales firmes, y un intendente como Dante Velásquez —a quien los vecinos señalan por una gestión cargada de opacidad y causas penales— que parece moverse con una impunidad garantizada por pactos políticos que trascienden las fronteras partidarias.

Esta alianza entre sectores del peronismo local y el radicalismo gobernante, que muchos denuncian como la “mano negra” de Gerardo Morales operando a través de la figura de Carlos Sadir, ha transformado a las instituciones de control en meras oficinas de trámite que solo sirven para convalidar el silencio. La gravedad de la situación radica en que, sin seguridad jurídica, no hay futuro posible. El gobierno intenta vender una provincia de vanguardia con el litio, el turismo y las inversiones, pero olvida que nadie invierte donde el derecho de propiedad o la voluntad popular pueden ser borrados de un plumazo por una decisión política. Esa es la verdadera atrocidad.

La institucionalidad es el puente que conecta la estabilidad política con la realidad cotidiana de los jujeños; cuando ese puente se rompe —porque la Justicia ignora incluso a la Casación Penal de la Nación para sobreseer a exfuncionarios cercanos al poder— lo que queda es el caos. Hoy, mientras en los despachos oficiales se habla de grandes proyectos, en muchas mesas de la provincia el té con pan se vuelve la triste norma de una crisis salarial que ya es alimentaria. La multisectorial de La Quiaca ha decidido elevar este reclamo directamente a la Presidencia de la Nación, lo que refleja el nivel de desesperación: cuando los organismos de control locales están cooptados y el Ejecutivo provincial elige la invisibilización como estrategia, al ciudadano solo le queda la denuncia pública y el pedido de auxilio externo para intentar recuperar un orden que hoy parece una tiranía disfrazada de gestión.

¿Cómo impacta realmente la crisis institucional en el desarrollo de una sociedad? Para entenderlo, hay que dejar de ver a las instituciones como edificios fríos o papeles firmados, y empezar a verlas como las reglas que permiten que la vida funcione. Cuando un gobierno como el de Carlos Sadir, bajo la sombra permanente de Gerardo Morales, decide que la Justicia es un apéndice del Ejecutivo o que las resoluciones judiciales en municipios como La Quiaca son sugerencias opcionales, lo que está haciendo es dinamitar la confianza pública.

El primer gran impacto es la parálisis económica, porque ningún inversor serio pone su capital donde no hay seguridad jurídica. Se habla de minería, de litio y de turismo como motores del futuro, pero la realidad es que, sin un orden institucional transparente, esas divisas terminan en los bolsillos de los amigos del poder a través de empresas cooptadas, mientras el ciudadano común queda fuera del sistema.

Pero el daño más profundo es el social. La crisis institucional genera una erosión de la paz que se traduce en miedo y en la ley del más fuerte. Cuando los entes de control no funcionan de manera independiente y se sobresee a exfuncionarios en megacausas ignorando a la Casación Penal de la Nación, el mensaje para el jujeño de a pie es claro: la honestidad no paga y el esfuerzo es inútil frente a la “mano negra” de la política.

Esto deriva inevitablemente en un caos administrativo que hoy se refleja en la falta de agua, en rutas nacionales que se convierten en trampas mortales y en una crisis salarial que ya se transformó en una crisis alimentaria, donde el té con pan es la dieta de la resignación. La institucionalidad es el único freno a la tiranía, y cuando ese freno se rompe, la sociedad deja de planificar su futuro para pasar a un estado de supervivencia diaria, donde la impunidad de los de arriba se paga con el hambre de los de abajo, transformando lo que debería ser una democracia pujante en un feudo donde la única certeza es la arbitrariedad del poder.