Un servicio monopólico, voraz e ineficiente que está terminado
El modelo energético de Jujuy vuelve a quedar bajo cuestionamiento por la falta de transparencia en la contratación de energía y el impacto que esas decisiones tienen sobre el bolsillo de los usuarios. Mientras las tarifas continúan en aumento, crecen los interrogantes sobre un sistema monopólico que, lejos de garantizar eficiencia y control, exige respuestas claras de las autoridades y de los organismos encargados de fiscalizar el servicio.
Cuando hablamos del servicio eléctrico en Jujuy, ya no alcanza con discutir el valor de una factura. Lo que está en debate es el modelo energético que se ha construido durante los últimos años y si ese modelo responde al interés de los ciudadanos o al de un reducido grupo de actores. En una provincia donde la inflación golpea el bolsillo, los salarios pierden poder adquisitivo, aumenta el desempleo y muchas familias deben elegir entre pagar los servicios o cubrir necesidades básicas, resulta legítimo preguntarse si es razonable sostener un esquema monopólico que concentra la prestación del servicio y que, lejos de ofrecer respuestas, genera cada vez más interrogantes.
Un monopolio solo puede justificarse cuando garantiza eficiencia, transparencia, inversiones y una mejora constante en la calidad del servicio. Si esas condiciones no se cumplen, la ausencia de competencia termina perjudicando directamente a los usuarios, que no tienen otra alternativa que aceptar tarifas crecientes y un servicio cuya calidad es cuestionada.
En este contexto, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones claras sobre cada decisión que impacta en el costo final de la energía.
A esa preocupación se suma otro aspecto que merece un debate público profundo: si efectivamente el Gobierno provincial decidió celebrar contratos para la compra de energía a un valor cercano a los 79 dólares por megavatio hora, cuando el precio del mercado mayorista ronda entre los 55 y 57 dólares, es inevitable preguntarse cuáles fueron los fundamentos técnicos, económicos y financieros que justificaron pagar un valor significativamente superior. Una diferencia de esa magnitud no es un detalle menor porque, en definitiva, termina repercutiendo sobre el sistema eléctrico y, de manera directa o indirecta, sobre el usuario.
Más preocupante aún es que la decisión se adoptó, en el caso de Jujuy, mediante un decreto, sin audiencia pública y sin brindar información suficiente para que la sociedad conociera las razones de esa contratación.
Si, además, esa acción administrativa contó con la complacencia de la Susepu y de la Secretaría de Energía de la provincia, la necesidad de dar explicaciones es mucho mayor. Los organismos de control deben velar por decisiones técnicamente justificadas y porque cada contrato responda a criterios de eficiencia y legalidad.
La energía eléctrica es un servicio público indispensable para las familias, el comercio, la industria y el desarrollo de la provincia. Por eso, cada peso que se paga de más y cada decisión adoptada sin el debido control merecen ser explicados.
De manera tal que la discusión de fondo no es únicamente cuánto cuesta la luz. La verdadera discusión es qué modelo energético necesita Jujuy: uno basado en la transparencia, la competencia cuando sea posible, el control efectivo y la defensa de los usuarios; o uno donde las decisiones estratégicas se adopten con escasa información pública y sin el debate que una democracia exige. Porque cuando el bolsillo de los ciudadanos está en juego, el silencio nunca puede reemplazar a las explicaciones, y la confianza solo se construye con transparencia, participación y rendición de cuentas.
El verdadero problema no es energético, sino político. Cuando el poder deja de rendir cuentas y gobierna sin controles, la institucionalidad se debilita y la ciudadanía pierde. Ningún discurso sobre progreso puede sostenerse si está construido sobre decisiones que excluyen a la sociedad.