Un fallo que condena a Jujuy a una fragilidad institucional difícil de reparar

La situación genera sorpresa porque, al repasar los expedientes, aparecen acusaciones vinculadas a la presunta falsificación de certificaciones de obra y a presupuestos inflados para solicitar adendas de fondos que luego terminaban en manos de la organización Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala, sin controles efectivos.

Se trata de un entramado técnico y político que, en términos institucionales, muchos consideran que debería haberse dirimido en un juicio oral y público, donde las pruebas pudieran exponerse ante toda la sociedad y no quedar archivadas en una resolución judicial emitida durante un fin de semana.

Sin embargo, en Jujuy este tipo de situaciones ya no sorprenden del todo. Queda una sensación amarga: la de una justicia penal económica que, para muchos observadores, termina siendo “económica” con la verdad y generosa con el poder político de turno. Mientras tanto, la deuda social de las viviendas que nunca se terminaron sigue presente ante los ojos de los jujeños.

La decisión del juez Fernández, en el marco de la denominada mega causa, se centró principalmente en dictar el sobreseimiento total y definitivo de doce imputados. Entre ellos se encuentra el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, además de otros exjefes comunales. El argumento central del fallo sostiene que no existen pruebas suficientes para elevar sus casos a juicio oral o que no se configuraron los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la administración pública.

En el caso del exgobernador Eduardo Fellner, el magistrado resolvió dictar la falta de mérito y el sobreseimiento parcial respecto de las acusaciones de abuso de autoridad, falsedad ideológica y asociación ilícita en carácter de organizador. No obstante, la investigación se mantiene abierta por el presunto delito de fraude a la administración pública, lo que implica un alivio procesal significativo para el exmandatario, aunque su situación judicial no queda completamente cerrada.

Cabe señalar que la resolución no alcanza a todos los involucrados. Figuras clave como Milagro Sala, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López y el exfuncionario Germán Nivello continúan procesados y encaminados hacia un eventual debate oral por el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales.

El fallo fundamenta que, tras años de investigación y múltiples recursos presentados por las defensas, se determinó que la participación de los intendentes en el esquema de certificación de obras y manejo de adendas no constituye un ilícito penal que amerite continuar con la persecución judicial. De esta manera, se extingue la acción penal para ese grupo de dirigentes políticos y exfuncionarios provinciales en uno de los expedientes más voluminosos y polémicos de la historia judicial reciente de Jujuy.

La sensación que queda en el aire es la de una herida institucional que no termina de cerrar. Para muchos, lo ocurrido con este fallo no es solamente una resolución técnica, sino también la confirmación de un sistema donde la justicia parece funcionar como brazo ejecutor o como escudo protector, según sople el viento político de turno.

Esa permanente cercanía entre los despachos judiciales y los pasillos del poder político debilita cualquier idea de división de poderes y transforma a la justicia, en la percepción pública, en una herramienta de disciplinamiento o de impunidad selectiva.

Cuando un ciudadano observa que un funcionario acusado de certificar obras que nunca existieron puede quedar desligado del proceso sin siquiera enfrentar un juicio oral, el principio de igualdad ante la ley se resquebraja y el contrato social comienza a erosionarse.

Las consecuencias en términos de seguridad jurídica también resultan preocupantes. Ni inversores ni ciudadanos que buscan hacer valer sus derechos pueden confiar plenamente en un sistema donde causas de enorme trascendencia permanecen años abiertas para luego diluirse en decisiones que llegan en momentos políticamente sensibles.

Esta falta de previsibilidad convierte a la provincia en un terreno donde las reglas de juego parecen cambiantes y donde la verdad judicial corre el riesgo de quedar subordinada a las conveniencias del poder. El resultado es una sociedad que percibe que la balanza de la justicia tiene contrapesos que no figuran en los códigos, sino en acuerdos políticos que se gestan lejos de la mirada pública.

Una situación que, de consolidarse, podría profundizar una fragilidad institucional que llevará años —quizás generaciones— reparar.