Cuando un negocio se realiza entre privados, es importante que haya transparencia y la opinión pública sea informada adecuadamente. La falta de comunicación por parte del gobernador y la reacción tardía de algunos legisladores para investigar lo ocurrido podría interpretarse como una señal de opacidad y falta de rendición de cuentas.
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Tras la venta de EJESA, el poder no debe mirar para otro lado
Entender la situación de la venta de la compañía de energía eléctrica en Jujuy requiere analizar varios elementos.
Hay una necesidad siempre de claridad. La venta de una empresa estatal debe ser comunicada a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de un recurso tan vital como la electricidad.
La decisión de no informar a la opinión pública sugiere una falta de comunicación que puede generar desconfianza. Por otro lado, vemos a legisladores con altos cargos como este señor Jubert presidente del bloque radical actuando después de que se han consumado los hechos.
¿A propósito cual es el papel del gobierno y de los legisladores sino están alertas y proactivos ante decisiones que afecten a toda la población?
Esta falta de acción previa sugiere que podría haber un desinterés por parte de las autoridades en involucrar a la sociedad en decisiones que son de su competencia.
Es necesario insistir en los procedimientos institucionales como una consulta pública, donde se permita a los ciudadanos expresar sus opiniones y preocupaciones que vienen de pagar tarifas exorbitantes y es por eso que deberían ser tenidos en cuenta en este proceso
Otro aspecto crucial es la participación activa del poder legislativo. Los legisladores deben estar informados desde el inicio del proceso. Esto implica no solo recibir información, sino también poder participar de manera activa, revisando contratos y asegurando que se sigan los procedimientos legales apropiados.
Hay que tener en cuenta la importancia de auditorías independientes. Estas auditorías pueden garantizar que las transacciones se realicen de manera justa y que no haya conflictos de interés. Un ente regulador debería monitorear estas transacciones para asegurar la protección de los recursos del estado. Además mecanismos de rendición de cuentas claros.
Una vez realizada la transacción, es fundamental que se brinden informes detallados sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso, a quiénes benefició y qué impacto tendrá en la población.
Situaciones impensadas en el marco de un Estado que gobierna en la oscuridad y a espaldas de la gente.