Transporte: el Concejo Deliberante prorrogó por dos años la emergencia y crecen los reclamos
El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó en una nueva sesión ordinaria la prórroga por dos años de la emergencia del transporte público de pasajeros. La medida fue cuestionada por trabajadores del sector que se manifestaron en las inmediaciones del edificio legislativo y reclamaron mayor transparencia a las empresas prestatarias.
Durante la sesión, un grupo de choferes expresó su rechazo a la extensión de la emergencia y pidió que las empresas presenten sus números y rindan cuentas sobre los recursos que reciben. Máximo Rodríguez, trabajador del sector, sostuvo que los empleados y los usuarios quedan “a la deriva” frente a la falta de información sobre la situación económica de las prestatarias.
El chofer también cuestionó que los trabajadores no hayan recibido aumentos salariales durante los últimos tres años, pese a los incrementos registrados en el precio del boleto. En ese sentido, señaló que la fórmula polinómica contempla distintas variables vinculadas al funcionamiento del servicio, pero aseguró que esas mejoras no se reflejan en la prestación cotidiana.
“Los empresarios dicen que no les alcanza, que no tienen plata. Bien que siguen recibiendo los subsidios”, cuestionó Rodríguez, quien además sostuvo que la fórmula debería contemplar no solamente el incremento del boleto, sino también la incorporación de nuevas unidades y una mejora en las frecuencias, aspectos que, según afirmó, no se estarían cumpliendo.
Por su parte, el concejal Roberto diaz criticó, al culminar la sesión,que esto no hay sido abordado como corresponde en la Comisión de Transporte.
"Ya paso a ser un modelo de gestión", ironizó el edil.
Los cuestionamientos también habían sido planteados por la concejal Keila Zequeiros, quien advirtió sobre la falta de rendición de cuentas de las empresas y cuestionó que se otorguen beneficios tributarios a las prestatarias sin exigir contraprestaciones concretas para los usuarios.
La edil señaló además que las unidades presentan problemas de mantenimiento y que existen dificultades para los estudiantes que concurren a establecimientos en horarios nocturnos, particularmente en sectores como Ciudad de las Artes, donde la falta de frecuencias obliga a recurrir a remises o aplicaciones de transporte.
Frente a este escenario, desde el Frente de Izquierda impulsaron la creación de una comisión auditora que permita controlar los números de las empresas, las tarifas, las frecuencias y los recorridos del transporte público.
La prórroga de la emergencia vuelve a poner en el centro del debate qué reciben las empresas a cambio de los beneficios y recursos públicos y qué servicio reciben, en definitiva, los usuarios. Mientras la emergencia se extiende por otros dos años, trabajadores y concejales opositores reclaman que esta vez haya controles concretos y mayor transparencia.