Gustavo Ontiveros, antropólogo y referente de las comunidades, analizó el impacto económico de la actividad minera en Jujuy y advirtió sobre la ausencia de datos oficiales detallados respecto a la coparticipación de regalías, la falta de infraestructura en los pueblos originarios y las trabas burocráticas en la Legislatura.
Durante un evento oficial, desde la Cámara Minera de Jujuy aseguraron que las regalías crecieron de forma considerable.
Destacaron que el porcentaje coparticipable por la extracción de minerales se incrementó de manera sostenida ante la revalorización internacional de recursos como el litio y la plata, convirtiéndose en un fondo clave para la economía de la provincia.
Gustavo Ontiveros, antropólogo y referente de las comunidades originarias, dialogó con Radio 2 y cuestionó la falta de rendición de cuentas por parte del Estado y las cámaras empresariales, señalando que el "boom minero" no se refleja en mejoras concretas para los habitantes de la Puna y la Quebrada.
Desestimó las cifras oficiales al señalar que carecen de sustento documental y transparencia: "Nunca dicen cuánto, para dónde, a qué se destinó, en qué se ve, en qué obras o beneficio en tal lugar... Por otro lado está la realidad: ¿cómo están los hospitales de Humahuaca, de Abra Pampa, de La Quiaca, o de Susques? ¿Cómo es el servicio de agua potable? Jamás se informa. Todo es una cuestión de creencia".
Además, remarcó que las rutas que conectan con los territorios comunitarios continúan siendo de tierra tras décadas de postergación, al tiempo que advirtió que no existen registros públicos sobre cómo se administran dichos fondos a nivel local, ni certeza de que las partidas lleguen efectivamente a las familias en lugar de destinarse a gastos corrientes o políticos de los ejecutivos municipales.
En cuanto al vínculo entre las empresas extractivas y los pueblos originarios, Ontiveros cuestionó el argumento oficial sobre una supuesta convivencia armónica y beneficios generalizados mediante convenios de servidumbre. Denunció que no se cumple con el derecho a la consulta previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Señaló que el esquema de proveedores y Pymes vinculadas a la minería carece de apertura pública, lo que genera sospechas sobre quiénes terminan acaparando los beneficios económicos reales.
Por último, advirtió que la avanzada de grandes proyectos de infraestructura, como el corredor bioceánico, vuelve a poner en riesgo los derechos territoriales de las comunidades mediante presiones e intimaciones de desalojo.
