Trabajadores despedidos de Santa Ana: la causa pasó a la Justicia Federal

• Causa judicial: El conflicto por despidos de la Empresa Santa Ana pasó a la Justicia Federal.
• Irregularidades denunciadas: La empresa habría simulado el pago de indemnizaciones que nunca se realizaron.
• Proceso penal: Se espera la imputación formal de la empresa ante la Justicia Federal en los próximos días.

Promediando el mes de abril, se registró un nuevo reclamo en el ámbito del transporte de la provincia. Un grupo de choferes y mecánicos despedidos de la Empresa Santa Ana se manifestaron en Plaza Belgrano, señalando que no pedían su reincorporación sino que se les pague lo que corresponde.

Las semanas pasaron y en mayo, la Fiscalía de Jujuy desestimó la denuncia por cesantías, pese a que la defensa de los trabajadores consideraba que había elementos penales en el caso. La defensa de los trabajadores denunció que la causa fue archivada y que se los dejó en desamparo judicial.

Continúa el conflicto con trabajadores despedidos de Santa Ana

El abogado Sebastián Espada, representante legal de los choferes, dialogó con Radio 2 y expuso que no se trata de despidos comunes y corrientes sino que fue un proceso estuvo plagado de irregularidades encadenadas:

• El reclamo original: Dos meses antes de los despidos, los trabajadores, en su mayoría mecánicos, reclamaron legalmente porque no se les pagaban los sueldos conforme a la ley.
• La presunta coacción: El gerente de la empresa los citó a una reunión para exigirles que bajaran el reclamo. Si no lo hacían, serían despedidos y, además, los amenazó con "encargarse personalmente" de que nunca más consiguieran trabajo en el rubro del transporte.
• El despido y la "lista negra": Al no ceder a la intimación, fueron despedidos hace aproximadamente tres meses y, efectivamente, hasta el día de hoy no han podido reinsertarse laboralmente.

Según el letrado, la bomba estalló cuando los trabajadores asistieron a la ANSES para tramitar la prestación por desempleo. Los empleados nunca cobraron un solo peso de sus indemnizaciones correspondientes mientras que la empresa presentó declaraciones juradas afirmando que las indemnizaciones fueron abonadas en tiempo y forma.

Espada sentenció que mentir en una declaración jurada ante un organismo nacional no es solo una falta administrativa; constituye un delito de fraude a la Administración Pública Nacional y una presunta maniobra de evasión fiscal para disminuir impuestos.

En tal sentido, explicó que en la vía laboral, el conflicto sigue curso el juicio común por el despido incausado y el cobro de las indemnizaciones adeudadas. Mientras que en la vía penal, tras las denuncias el caso fue remitido a la Justicia Federal, donde se espera que se defina la imputación formal en los próximos días.