Tensión entre moralidad pública e inmoralidad política
Mantener principios morales en un entorno inmoral requiere una combinación de claridad ética, instituciones fuertes, liderazgo responsable y una cultura que valore la integridad por encima de beneficios momentáneos. Es un esfuerzo continuo, no un Estado definitivo.
Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interrumpe la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua imponiendo su remediación con tope en 2030 luego de una serie de incumplimientos normativos nacionales e internacionales y de haber burlado la promesa ofrecida por Gerardo Morales comprometiéndose al cierre de los pozos en cuestión, decisión contenida por una ley votada por la Legislatura 5889 pero que al fin todo quedó en la nada.
Se encargaron de sacar del medio a la compañía china que estaba operando en la zona para, supuestamente, avanzar con el propósito de Gerardo morales. La situación resulto una burda mentira ya que morales y sus socios crearon dentro de JEMSE una sociedad unipersonal denominada Jujuy hidrocarburos que se encargó hasta el día que se conoció el fallo de la corte de explotar petróleo en el parque nacional. Esta maniobra es la prueba de enorme inmoralidad de morales y su gente al sancionar una ley para comenzar a remediar para luego desconocerla y explotar ellos mismos el yacimiento en la reserva natural contaminando todo lo que la rodea.
El fallo de la corte se encarga de hacérselo saber a Morales y a todos los funcionarios que participaron de esta inmoralidad.
El poder está copado por un grupo de inmorales que no entienden otro lenguaje que no sea la impunidad. ¿Puede una sociedad sostener sus principios morales cuando desde el poder rige la inmoralidad?
Cuando el poder está copado por un grupo inmoral que entiende como único lenguaje la impunidad, se instala una dinámica que erosiona la democracia, erosiona las instituciones y, a la larga, condena a los pueblos a la postergación y al estancamiento. En ese marco, sostener principios morales exige no solo convicción ética sino también estrategias institucionales, sociales y culturales capaces de resistir y transformar esa lógica de impunidad.
Primero, conviene entender qué significa que el poder este copado por un grupo inmoral. En términos prácticos, implica concentración de control político y económico, captura de instituciones clave, debilitamiento de la independencia judicial, control de los medios y de la agenda pública, y la normalización de prácticas que van contra el bienestar general: corrupción estructural, impunidad planificada, clientelismo extremo, manipulación de información y represión de voces disidentes. Cuando esas prácticas se vuelven la norma, la ciudadanía percibe que la ley ya no es igual para todos y que la legitimidad del sistema está erosionada. Esa erosión genera miedo, desinterés cívico, y una participación electoral que se vuelve ritual o meramente instrumental, lo que facilita la reproducción del poder inmoral.
La consecuencia catastrófica para la democracia es doble: por un lado, la legitimidad se desploma porque el contrato social se rompe: la ciudadanía deja de ver en el estado un organizador de bienes comunes y lo percibe como un mecanismo de protección de intereses de un grupo privilegiado. Por otro, la meritocracia política se ve descalificada: las oportunidades para dotar de competencia, innovación y respuesta eficaz a las demandas sociales se estrechan, porque la apertura institucional y los canales de rendición de cuentas quedan cooptados. En ese escenario, la democracia no es un proyecto de autogobierno de la multitud, sino una cáscara vacía que sirve para legitimar privilegios y, en última instancia, para justificar la inercia que perpetúa la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para las comunidades más vulnerables.
Una democracia que aspira a resistir la inmoralidad necesita instituciones que no solo existan en el papel, sino que funcionen de manera predecible, justa y eficiente, incluso cuando la presión social o económica empuja en direcciones contrarias.
La pregunta sería entonces: ¿cómo sostener principios morales cuando desde el poder se impone la inmoralidad? Aquí conviene distinguir entre dos respuestas posibles. Una, estratégicamente defensiva: activar y fortalecer contrapesos para que la inmoralidad no pueda imponerse por completo; y otra, transformadora: generar proyectos y políticas públicas que demuestren que la ética y la eficiencia pueden coexistir y que la justicia y el desarrollo no son incompatibles. La combinación de ambas respuestas crea una dinámica de disuasión y de demostración que, con el tiempo, puede restablecer la confianza y recuperar el sentido de progreso legítimo.
Una vía concreta para la provincia de Jujuy podría ser la creación de un pacto ciudadano por la integridad en donde todos estén comprometidos con estándares mínimos de ética pública, transparencia en contrataciones y rendición de cuentas. Este pacto podría articular un mecanismo de vigilancia ciudadana permanente, con informes semestrales y observatorios independientes que supervisen presupuestos, licitaciones y ejecución de obras.
La historia demuestra que las democracias pueden atravesar periodos de desgaste y violencia institucional y emerger con instituciones fortalecidas y sociedades más conscientes de su poder cívico. La clave está en la acción sostenida, en la construcción de alianzas amplias y en la insistencia en que el desarrollo no es un regalo de los poderosos, sino el resultado de una ciudadanía informada y de un estado que rige para el bien común.