En el tablero político, creo que nadie puede lavarse las manos. La Legislatura de Jujuy tiene el poder de interpelar a los directivos y, si la ineficiencia es estructural, debe avanzar en la modificación de la Ley 4937 que le dio vida al organismo. El cierre no siempre es la solución mágica, pero sí una reestructuración profunda que garantice que quienes ocupan esas sillas no sean figuras puestas a dedo por compromisos políticos, sino técnicos con la espalda suficiente para multar a las empresas cuando el servicio es paupérrimo.
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SUSEPU: el arbitro que juega para el equipo contrario
La crisis de confianza que viene escalando en Jujuy frente a la situación en torno a los cortes de luz y a una SUSEPU que parece haber olvidado su razón de existencia deja al usuario frente a un organismo de contralor que, lejos de ser el perro guardián que muerde cuando las prestadoras de servicios fallan, se ha convertido en una oficina burocrática de trámites lentos, mientras la gente padece cortes de luz, agua a cuenta gotas o tarifas que parecen un asalto a mano armada.
Por otro lado, el gobernador tiene la facultad constitucional de intervenir el organismo de oficio si se demuestra que hay un incumplimiento sistémico de sus funciones. No podemos permitir que el “contralor” termine siendo un cómplice silencioso por omisión. Si las empresas no cumplen los contratos de concesión, el Ejecutivo tiene la obligación de actuar con firmeza, aplicando las cláusulas de rescisión o sanciones ejemplares, porque cuando el Estado se retira del control, el ciudadano queda a merced de la voracidad corporativa.
La realidad golpea la puerta de cada hogar jujeño y la respuesta que llega desde la Casa de Gobierno es un silencio que aturde, un silencio que a esta altura ya se interpreta como una claudicación ante el poder corporativo de EJESA. No se puede mirar hacia otro lado cuando el ciudadano de a pie se ve atrapado en una pinza donde, por un lado, sufre una infraestructura eléctrica que colapsa ante la primera ola de calor o tormenta y, por el otro, recibe facturas con montos que parecen extraídos de una ficción de terror.
Cuando el gobernador permite que la ineficiencia de una empresa concesionada complique la calidad de vida de la población, está fallando en su deber primordial de proteger el interés público por sobre el interés comercial. Estamos frente a una gestión que parece haberle entregado las llaves del control a la propia empresa que debería ser controlada, transformando a la SUSEPU en un espectador de lujo de un desastre anunciado.
La falta de inversiones estructurales por parte de EJESA no es un secreto para nadie, pero lo que resulta verdaderamente escandaloso es la ausencia de un brazo ejecutor estatal que aplique las multas millonarias y las compensaciones automáticas que el contrato de concesión exige. No se trata solo de un problema técnico de cables o transformadores: es un problema de voluntad política, donde la protección del bolsillo y del bienestar del jujeño ha quedado en el último escalón de las prioridades.
El agravamiento de la situación es la consecuencia lógica de un Estado que ha decidido ser condescendiente con la ineficiencia corporativa, mientras el usuario, cautivo de un servicio monopólico, no tiene a quién recurrir porque siente que el árbitro del partido está jugando para el equipo contrario.
Lo cierto es que estamos frente a una empresa que parece olvidar que el suministro eléctrico no es un favor que nos hacen, sino un servicio público esencial regulado por un contrato de concesión que, aparentemente, están usando para juntar polvo en algún cajón. Mientras las facturas llegan con una puntualidad suiza y montos que parecen de ciencia ficción, la prestación del servicio es más bien del siglo XIX: cortes imprevistos, baja tensión que te fulmina la heladera o el televisor y una desidia técnica que ya raya lo ofensivo.
La vía legal para una acción de clase o denuncia colectiva está plenamente respaldada por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor. El contrato de concesión establece estándares de calidad que EJESA está ignorando sistemáticamente, mientras los usuarios quedan como rehenes de un monopolio que deja a todos a oscuras en medio del calor o les quema los ahorros en electrodomésticos.
La unión de los usuarios, a través de asociaciones de consumidores como CODECU o la Defensoría del Pueblo, es hoy la única herramienta para exigir que, si no pueden cumplir con el contrato, den un paso al costado o que las multas de la SUSEPU dejen de ser un “tirón de orejas” simbólico y empiecen a dolerles donde más les importa: la caja.