Sin controles rigurosos la plata pública deja de ser asfalto

Lo que estamos viendo, tras el ingreso de un contundente pedido de informes en la Legislatura por parte del bloque de La Libertad Avanza, no es solo una serie de irregularidades administrativas, sino la confirmación de una gestión donde la discrecionalidad y la falta de transparencia son la regla y no la excepción.

Resulta alarmante que se hable de inconsistencias millonarias vinculadas al consumo de combustible, con faltantes en las rendiciones de cuentas que superarían los 60 millones de pesos; una cifra que, en un contexto de supuesta austeridad, clama por una explicación inmediata. Pero el desmanejo no termina en los surtidores: la planta asfáltica, ese activo estratégico que debería ser el motor de la recuperación de nuestra red vial, parece haber sido desviada de su fin público para quedar sujeta a intereses privados o gestiones sin control, mientras el ciudadano común sufre el estado espantoso y destructivo de las rutas de Jujuy.

Es indignante que, mientras se justifica la desidia y la falta de mantenimiento apuntando con el dedo a los recortes del gobierno nacional, las cajas internas de Vialidad presenten agujeros negros imposibles de llenar. Esta falta de integridad se traslada también a los recursos humanos, donde la meritocracia fue reemplazada por el “dedo amigo”, otorgando categorías máximas de forma discrecional, ignorando concursos y despreciando la competencia profesional. El pedido de informes es taxativo: se exigen respuestas en 15 días sobre la situación económica y financiera, el estado del parque automotor adquirido en 2016 —que parece haberse esfumado en la desidia— y detalles sobre una licitación de seguridad que roza los 208 millones de pesos.

No se puede seguir administrando lo público como si fuera un feudo privado. La situación de los trabajadores, precarizados y sin un horizonte claro, es el reflejo directo de una cúpula que prefiere la opacidad de los expedientes bajo llave antes que la rendición de cuentas que la democracia exige.

Mientras el asfalto no llega a las rutas pero los fondos no aparecen en las actas, queda claro que el problema de Jujuy no es solo la falta de recursos, sino la absoluta discrecionalidad con la que se dilapidan los pocos que quedan, dejando a la provincia a la deriva en un bache institucional que parece no tener fondo.

Es imperativo entender que la integridad de una gestión no se mide por la épica de sus discursos, sino por la transparencia con la que custodia cada peso que sale del bolsillo de los contribuyentes. A menudo se nos intenta convencer de que el estado de abandono de nuestra infraestructura es una consecuencia inevitable de la escasez de fondos o de los recortes externos, pero la realidad que asoma tras los pedidos de informes nos cuenta una historia muy distinta.

No se trata simplemente de que falte dinero, sino de una alarmante carencia de criterios éticos y técnicos en la administración de lo que es de todos.

Cuando los controles se relajan o se vuelven cómplices, la plata pública deja de ser asfalto, deja de ser seguridad vial y deja de ser dignidad para el trabajador, para terminar diluyéndose en esos “otros bolsillos” que prosperan a la sombra de la opacidad. La tentación de la discrecionalidad es el cáncer de la obra pública: si un funcionario puede asignar categorías a dedo o no rendir cuentas sobre millones en combustible, el resultado final no es solo un bache en la ruta, sino un bache en la confianza democrática.

Cuidar los recursos públicos en un marco de transparencia absoluta es la única garantía de que el sacrificio de la sociedad no sea saqueado por la ineficiencia o la corrupción. Porque el progreso de una provincia se construye con cuentas claras y no con excusas presupuestarias que solo sirven para tapar una gestión que ha perdido el rumbo.