Si se relativiza la pobreza, se debilita la política para combatirla
El Antiguo Testamento deja una sentencia que conserva una enorme vigencia política: “A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía”. Más allá de su dimensión religiosa, encierra una verdad elemental para cualquier gobierno: la verdad no es un accesorio del poder, sino una condición indispensable para gobernar con legitimidad.
Cuando un gobierno comienza a acomodar la realidad a su discurso, el problema deja de ser solamente estadístico y pasa a ser político y moral.
En Jujuy, después de doce años de una misma construcción política, corresponde preguntarse qué proyecto se consolidó: ¿un verdadero proyecto de desarrollo, con empleo genuino, producción y oportunidades para los jujeños, o fundamentalmente un proyecto de poder destinado a conservar una estructura política? La pregunta obliga a mirar más allá de los anuncios y de las cifras que el gobierno decide mostrar.
Porque Jujuy no termina en San Salvador ni en Palpalá; existe otra provincia, mucho más extensa, donde miles de jujeños sobreviven entre la informalidad, las changas, la dependencia del empleo público y la asistencia estatal. Esa realidad no desaparece porque determinadas estadísticas presenten resultados favorables ni porque se elijan indicadores que permitan construir un relato de éxito. La pobreza no cambia de naturaleza porque cambie la metodología con la que se la mide, y la falta de empleo estructural no deja de existir porque una persona figure estadísticamente como ocupada.
Después de doce años, la discusión debería ser mucho más profunda que la disputa por una cifra. El verdadero interrogante es qué modelo de provincia se construyó: un proyecto de desarrollo se mide por los empleos privados genuinos creados, por las empresas que crecieron, por los jóvenes que pudieron quedarse porque encontraron oportunidades y por las familias que dejaron de depender de la asistencia estatal. Si después de doce años una parte importante de la sociedad continúa atrapada en la pobreza, la informalidad o la falta de oportunidades, existe una deuda de desarrollo que ningún discurso puede ocultar indefinidamente.
Y aquí aparece la cuestión central: la verdad. Un gobierno que no reconoce plenamente un problema difícilmente pueda resolverlo. Si se relativiza la pobreza, se debilita la política para combatirla; si se minimiza el desempleo estructural, se posterga la creación de empleo genuino. Gobernar no consiste en encontrar el número que mejor convenga al relato oficial, sino en mostrar también aquello que todavía duele y exige respuestas.