Aunque habían conseguido una amplia aprobación, el Gobierno devolvió a comisiones su proyecto para pagarle a fondos buitre una suma de u$s171 millones por un error tipográfico en el nombre de uno de los holdouts, según precisaron a Ámbito senadores de La Libertad Avanza. Dentro del peronismo, ven con escepticismo ese argumento: "Tienen muchos líos ellos". Al quitar esa propuesta de la sesión en el Senado, la agenda principal que restaba era el tratamiento de pliegos de jueces vacantes.
En tres audiencias consecutivas en la Comisión de Acuerdos en las últimas semanas se revisaron un total de 78 aspirantes a cargos judiciales. Se trata de una primera tanda antes de que se presenten otros 60 nuevos pliegos de jueces y 6 de conjueces, que en la sesión tomaron estado parlamentario pero aún no se trataron en comisiones. El procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el subprocurador, Juan Ignacio Stampalija, siguieron el inicio de la sesión.
En la jornada se podría oficializar la postergación del cargo de Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal, trámite necesario dado que el magistrado cumplirá 75 años, la edad límite para su puesto. El juez es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El proyecto cuenta con apoyo mayoritario de todos los bloques, salvo un sector minoritario del peronismo: la votación finalizó 58 votos a favor y 11 en contra (3 ausentes).
"No sigamos forzando procesos de designación con vicios de legalidad y legitimidad de origen", planteó el chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista) al referirse al pliego del juez. "Se cumplieron todos los pasos reglamentarios", argumentó el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), señalando el apoyo unánime que tuvo Mahiques en la comisión. El peronismo se encargó de recordarle que no conforma la comisión, en señal de denuncia por la desigual distribución de espacios. Minutos después, Pagotto calificó al debido proceso como "pompa de jabón". La jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) apuntó contra el Consejo de la Magistratura por la traba en la conformación de vacantes y remarcó la responsabilidad del justicialismo: "Lo que no se hizo fue por impericia política o por bloqueo de internas".
También se aprobó una prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), mecanismo con extendido nivel de apoyo en todos los bloques. Asimismo se rubricaron tratados internacionales, como el convenio de seguridad social con San Marino y Suiza y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.
Sin proyectos en el temario, la oposición se expresó a través de una decena de cuestiones de privilegio, en donde se reiteró el repudio a Manuel Adorni. Entre los más destacados estuvo la moción del bonaerense Eduardo de Pedro (Justicialista), que criticó la suspensión de un evento en homenaje al fotógrafo Pablo Grillo, que fue suspendido intempestivamente cuando iba a realizarle dentro de la Cámara.
En otro pasaje de intervenciones por fuera de la agenda, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) pidió expresar su beneplácito por el trabajo del Equipo de Argentino de Antropología Forense en el hallazgo de identidades de desaparecidos en el excentro clandestino de detención de La Perla. Todos los presentes votaron a favor salvo una abstención: la de Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza), quien es precisamente de Córdoba, la provincia en donde se concretaron esos rastrillajes.
Proyecto de pago a fondos buitre
La agenda también incluía la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por $171 millones. La iniciativa implicaba un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada deuda soberana nacional cuando el país ingresó en default en 2001. Aunque el acuerdo de la Argentina con la Justicia estadounidense era avalar la operación para el 30 de abril, se alcanzó una postergación para el 31 de mayo.
El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario la semana pasada y cuenta con el apoyo de sectores del justicialismo provincial, aunque el bloque peronista mayoritario presentó su propio proyecto. Ahora la propuesta tendrá que volver a ser girado a comisiones, a donde tendrá que volver a obtener dictamen con las nuevas modificaciones.
Ambos bonistas mantenían judicializada deuda soberana argentina cuando el país ingresó en default en el 2001, aunque no ingresaron al acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri en el 2016. Las compañías habían iniciado un litigio para cobrarse la deuda a través de acciones del Estado nacional en el Banco Nación, en Aerolíneas Argentinas y en YPF.