Córdoba propone control ciudadano de la policía
Pero
el tema de los funcionarios corruptos no es exclusividad de Jujuy; es un tema
que aqueja a la sociedad argentina en su conjunto por igual, sin distinciones.
Como dijo el poeta “pinta tu aldea y
pintarás el mundo”; lo que ocurre en Jujuy es similar a lo que pasa en
Mendoza, Córdoba, Corrientes o Chubut. La diferencia radica en la manera de
encarar las cosas.
En la provincia de Córdoba, desde el año pasado rige un programa de “control ciudadano de la policía”. En abril de 2014
y con
un amplio consenso, la Legislatura cordobesa aprobó la ley que permite a
vecinos y a asociaciones intermedias intervenir -mediante audiencias públicas- con opiniones
en los procesos de ascensos y promociones de oficiales superiores de la
Policía.
El programa contempla la instalación de “buzones del ciudadano” ubicados en
escuelas y centros vecinales, en los que la gente que no quiera identificarse puede
dejar sus sugerencias y comentarios acerca de los candidatos a ser promovidos,
un mes antes de la audiencia pública. Posteriormente se realizan las audiencias
que no son vinculantes pero si la mayoría vota por el NO, esta opinión impacta sobre la designación del
candidato al ascenso. Allí se abren los buzones
y las opiniones quedan consignadas en un acta.
Todas estas opiniones deberán ser incorporadas al proceso de la Junta de
Promociones y Retiros de la Policía, para que la autoridad de aplicación
considere y evalúe la propuesta de ascenso, adjuntándolas cuando eleve su
resolución al Poder Ejecutivo. La Audiencia
Pública se llevará a cabo en el lugar donde se desempeñó el oficial propuesto
para ascender.
El diputado cordobés Sergio Busso, presidente
del bloque de Unión Córdoba en la Legislatura, conversó con Radio 2 acerca de esta novedosa y hasta
ahora eficiente propuesta que tiene que ver con involucrar a la sociedad con el
control de la seguridad.
“Entendemos que las promociones de los ascensos de los jefes tienen que ir más
allá de las valoraciones que tiene que hacer la misma Policía; tiene que estar
involucrada también la gente. Si alguien está postulado para ascender tiene que
pasar por audiencia pública para que esa persona tenga el aval de la sociedad”,
explicó
La ciudadanía que participa en las audiencias públicas emite una opinión que
trasciende la valoración que hace la misma fuerza policial. “Los ascensos van
con la firma del gobernador que no va a firmar el ascenso de alguien que tenga
la opinión desfavorable de la comunidad. Se convoca a audiencia para que la
gente pueda opinar”, afirmó.
El Estado Mayor de la Policía es el que hace la evaluación, pero además de
evaluar los informes de la fuerza, deberá poner en consideración la opinión de
la sociedad. Si hay opinión desfavorable de ésta, no firmará ese informe.
El espíritu de la ley es permitir que la comunidad evalué el accionar de un
oficial policial. “Esto también estimula a que el jefe de un lugar tenga buena
relación, una buena actitud; eso alimenta y controla el mismo accionar de la
conducción policial”, comentó el legislador.
Esta
herramienta ha permitido que se haya restituido el vínculo entre el vecino y la autoridad policial, porque
ese jefe sabe que la comunidad va a poder opinar sobre su accionar; va a tener
una opinión que va ser tenida en cuenta a la hora de calificar su desempeño.
División Anti narcotráfico
El pasado lunes 4 fue puesta en funcionamiento esta nueva división que tiene la particularidad de estar desprendida
del poder político; pertenece al ámbito del Poder Judicial, específicamente
dentro del Ministerio Público, por lo que el
fiscal general es quien está a cargo.
“En materia de represión del narcotráfico creo que es un avance institucional
muy fuerte, importante, porque le da mucha independencia”, afirmó Busso, quien
recordó que hay policías que están procesados por distintos hechos.
Se trata de una fuerza compuesta por 230 efectivos seleccionados de entre
distintas fuerzas de seguridad, que cuentan con un equipo especial de alta
tecnología. La fuerza se financia con presupuesto propio.