El gobierno evalúa la reglamentación del Seguro de Salud por temor a la catástrofe electoral

• En el gobierno de Carlos Sadir analizan el costo electoral que implica avanzar con el Seguro Provincial de Salud.
• La opinión pública, política, sindical y hasta las organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la ley.

Información confiable desde el interior de la Legislatura y Casa de Gobierno, ha confirmado a nuestro medio que existe temor latente ante el impacto que podría generar la entrada en vigencia del Seguro Provincial de Salud en vísperas de las próximas elecciones legislativas.

Desde el mismo día en que la Ley Nº 6.453 fue sancionada, hace poco más de una semana atrás, ha ido sumando rechazos de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, profesionales y hasta la opinión pública en la calle se ha expresado en su contra, dejando en claro que los contribuyentes no desean/pueden afrontar otro plato roto heredado por la mala administración política de los organismos públicos, en este caso el ISJ.

Es que dentro del articulado, los diputados oficialistas dejaron bien en claro que la necesidad de tarifar el acceso al sistema sanitario público provincial responde al desfinanciamiento del gobierno nacional, que aún siendo cierto, no quita que el subsistema público de salud y en especial la obra social estatal se encuentren en decadencia mucho antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación. Para los profesionales y sindicalistas que se desempeñan en el ámbito, las supuestas bondades del SEPROSA como ser “un mecanismo solidario para darle cobertura a los sectores vulnerables”, no salen de una falacia para tapar el objetivo final: privatizar el servicio en favor de intereses particulares.

Como ha ocurrido históricamente con otras leyes disruptivas, la reglamentación del Seguro de Salud estaría supeditada a la aprobación o rechazo popular, retrasándose quizás indefinidamente. Se ha rumoreado con la posibilidad que el gobernador Carlos Sadir accione vetando la ley de creación del SEPROSA, aunque esta acción no solo tendría costo político puertas adentro al rechazar una norma apoyada por la mayoría de sus diputados, también enviaría un mensaje de indecisión y falta de unidad hacia el electorado.

Los 20 artículos que componen la creación del Seguro no dejan mucho margen de maniobra al Ejecutivo, un veto parcial parece poco factible teniendo en cuenta que existen reparos y controversias sobre la mayor parte de la composición del proyecto. Aún cuando en una eventual reglamentación podrían aclararse varios puntos grises, la mayor parte de su composición tendría sesgos clasistas al estigmatizar a la población económicamente vulnerable de Jujuy, quienes deberían declarar abiertamente su estado de pobreza ante el organismo fiscalizador.

En paralelo la población económicamente activa por fuera del sistema registrado, es decir en negro, cargaría con el peso de ser "solidarios", por el simple hecho de percibir ingresos sobre el nivel de dos Salarios Mínimos Vitales y Mínimos (aproximadamente $540.000) ignorando adrede que el costo de la Canasta Básica Total que mide la pobreza está valuada en más de $965.000 para una familia de cinco integrantes, según el último registro de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec). Por consiguiente la población a cargo de sostener económicamente el SEPROSA podrían terminar por ser los menos pobres entre los pobres.

Esta ley, permitirá que personas que actualmente se encuentran en la economía informal (v. gr. feriantes, vendedores ambulantes, conductores de taxis y remises no registrados, etc.) cuenten con cobertura explicita de salud, a la vez que reforzarían la base solidaria en el que se sustenta este esquema.

Otros pasajes que generan suspicacias incluyen: que la autoridad de aplicación sea el ISJ, el monto de las cuotas, las condiciones de baja para beneficiarios que incumplan el pago, el registro de exención para ciudadanos económicamente vulnerable, entre otros, algunos puntos que han sido analizados en Sobremesa (Canal 2) junto a la senadora justicialista, Carolina Moisés quien calificó a la ley como una "aberración que elimina la salud pública gratuita".