Recientemente, un hombre quiso acabar con su vida tirándose al vacío desde un puente en Capital, caso a través del cual muchos se preguntaron acerca de la necesidad de asistencia en Salud Mental y el estado de la especialidad en nuestra provincia.
Martín Álvarez, referente de la Fundación “Manos Unidas por la Paz” comentó que “esto atraviesa a todas la franjas etarias; la salud mental en Argentina y otros países del mundo es un derecho. Está en una situación muy compleja porque siempre estuvo en segundo lugar con respecto a la salud física, y hoy se conoce que ambas son sumamente importantes y deben ser atendidas con la misma cantidad de recursos. Estamos en un proceso de ampliar esos recursos”.
“La atención de salud mental en Argentina es privilegiada con respecto a otros países. Tenemos que valorar avances como el derecho a la salud mental, y más allá de las falencias que haya, estamos avanzando y será un proceso a mediano y largo plazo, según las autoridades vayan haciendo cumplir las leyes, tanto la de salud mental como de prevención del suicidio”.
“Lo que tenemos que tener en cuenta es que la salud mental no es patrimonio del ámbito de salud, sino que todos podemos contribuir. La escuela puede ser un lugar de contribución muy grande, no solo para generar competencias cognitivas y emocionales, sino para la detección temprana, y educación, para que las personas tomen conciencia que es necesario realizar chequeos o asistir a salud mental”.
“Las escuelas tienen gabinetes de orientación escolar (que) deberían ser ampliados a todas las escuelas y debería haber una instancia superior de equipos especializados en violencia, porque está bastante compleja la situación de violencia entre pares y la resolución de conflictos en forma saludable. También se deberían ampliar los campos de atención no solo a nivel físico sino donde están los jóvenes y los adolescentes hoy, las redes sociales. Tener otra apertura donde poder acudir y que no se sea de la manera tradicional, porque si pongo una guardia un consultorio de consulta primera en una sala de primeros auxilios o barrial los jóvenes no acuden, pero consultan mucho por redes sociales o sistemas de contención virtual. También tenemos que empezar a pensar cómo estar en los lugares donde están las personas que necesitan ayuda o colaboración, y por otro lado, generar políticas públicas y recursos para que la salud pública sea un objetivo privilegiado dentro de las políticas públicas. Hay dos sectores muy importantes: el Poder Ejecutivo, que debe gestionar las políticas públicas, y los Poderes Legislativos, que son quienes pueden pedir informes o generar leyes que obliguen al Estado a generar políticas públicas o acciones. Se deben generar leyes y normativas que obliguen a los estados a hacerse cargo de estas problemáticas”.
“No solo el Estado, también las asociaciones profesionales deben generar negociaciones, presentaciones y proyectos para que sus afiliados tengan la ampliación de cargos de trabajo, y ese es un trabajo corresponsable y conjunto y el Estado es el máximo responsable de la salud mental ya que lleva a cabo las políticas públicas, pero cada uno de los trabajadores deberíamos pedirle a los colegios o asociaciones que nos agrupan poder gestionar nuevos cargos de trabajo. Deberían ser equipos interdisciplinarios con un psicólogo o psicopedagoga. En un colegio no alcanza, debería haber un psicopedagogo, una psicóloga, un trabajador social, como para poder atender no solo la complejidad de la discapacidad sino la problemática de las violencias en la escuela. Y no tenemos que olvidar las problemáticas que los docentes pueden estar atravesando que también pueden ser atendidas por estos equipos”.
“¿Cuánto vale una vida humana? Ese es el precio que el Estado paga, y los funcionarios deberían tomar conciencia por no generar políticas públicas, sería perder la vida con un suicidio o que otra persona pierda la vida por acción de violencia. Si una vida humana no tiene precio deberían pensar que el recurso que se puede poner seguramente siempre será poco pero hay que comenzar a incrementarlo”.
“Cuando estábamos planteando la Ley nacional 27.130 nos enteramos que había un 1% de impuesto al cheque que no estaba asignado desde 1990, que fue creado transitoriamente pero quedó permanente. Hay que empezar a analizar cuántas partidas se sub ejecutan y podrían ir a salud mental o para qué se usan, cuántas partidas se ponen verdaderamente en el incremento para el abordaje de la salud mental. Ese es un trabajo del que todos los ciudadanos tienen que hacerse responsables. Por otro lado, trabajar el boca a boca para concientizar a los políticos que estén ejecutando esos presupuestos, para que tengan la sensibilidad y la decisión política de poner esos recursos donde son necesarios o donde hay demanda”.
