El referente local de Salud Mental, Raúl Argüello, opinó del plan gubernamental recordando que “hay un movimiento en torno a la Ley de Salud Mental, trabajo que se viene haciendo hace muchos años para la plena implementación. Es una Ley que se plantea quizá en términos un tanto ideales en el sentido que son muy difíciles de llevar a la práctica, que suponen una transformación profunda del sistema de Salud Mental y de salud general, y es un proceso que se viene llevando adelante hace tiempo. La gente que venía trabajando en la implementación plena está muy inquieta y en contra de las modificaciones por ir en contra de algunos aspectos fundamentales que se planteaban en la misma”.
Embed - Especialista opinó de la iniciativa nacional para modificar la ley de Salud Mental
Jueces y especialistas
“Es una ley que defiende los derechos de los pacientes, los usuarios y los familiares, con lo que había muchas modificaciones. Los que llevaban adelante una internación involuntaria era un equipo de profesionales expertos en la materia que podían determinar cuándo era necesaria una internación, cosa que un juez (no podría porque) se entiende que hay una cuestión de competencias. Por eso los psicólogos, psiquiatras y trabajadores de Salud Mental estamos en condiciones de determinar quién necesita una internación y quién no”.
Internaciones prolongadas
“Antes de que exista la Ley de Salud Mental, a las internaciones involuntarias las determinaba un juez, con lo cual muchas veces eran internaciones arbitrarias que resolvían quizá un contexto familiar o alguna crisis o circunstancia en particular, y de alguna manera esa persona caía en una burocracia de los tiempos judiciales, donde un evento, un hecho que quizá haya requerido de una internación en ese momento, quizá breve, de días o semanas, se convertía a veces en internaciones de años. Esa persona quedaba internada, privada de su libertad, sus derechos, sometida a una situación de encierro sin garantías, sin cuidados de sus derechos y sus condiciones humanas. Lo que dice la Ley de Salud Mental es que las internaciones no deberían ser la regla, que hay muchas otras formas de tratamiento, que la internación es el último recurso al que se llega cuando se agotaron todas las medidas o cuando son casos realmente urgentes y graves, y que debe ser por el tiempo más breve posible. El tiempo que lleve estabilizar un cuadro agudo, que debería ser de uno a tres meses. Más de eso es difícil que se justifique una internación involuntaria”.
“Ahora quedamos en un gris; antes internaba el juez, luego, con la Ley de Salud Mental, solo los equipos, y ahora se devuelve el poder a un juez”.
Manicomios
“Pueden entrar en vigencia de nuevo, no tanto desde lo público. No creo que al Estado, en este momento, le interese crear nuevos hospitales públicos. Ahí entraría la parte privada. Se trata de la presión que ejercieron las corporaciones médicas que no podían crear estas instituciones psiquiátricas, clínicas psiquiátricas privadas o comunidades terapéuticas. La Ley, con esta idea de desalentar las instalaciones, prohibía la creación de nuevas clínicas de salud mental, promovía la internación de las personas en hospitales o clínicas generales, en camas comunes, con condiciones especiales pero para que sean tratados como pacientes con cualquier otro problema de salud, que ingresa a un hospital general y tiene tratamiento intensivo”.
Comunidades terapéuticas
“Trabajan con un modelo parecido, son instituciones para el tratamiento de personas con adicciones. En muchos casos ni siquiera cuentan con un equipo profesional adecuado, son voluntarios, personas que tienen la intención de ayudar. Muchas veces son instituciones religiosas, están vinculadas a algún culto o iglesia, y se trabaja desde la espiritualidad, en la vida en comunidad, pero sin criterio técnico o profesional. Muchas veces sin psicólogos ni psiquiatras, a criterio de cada comunidad, estructuras que se prestan a ciertos maltratos, abusos, vulneración de los derechos de las personas que se internan, también por mucho tiempo. Estas comunidades proponen tratamientos de un año o dos, que es mucho tiempo para tener a una persona encerrada y privada de su libertad, sin garantías de que eso vaya a funcionar”.
