Sadir y su Estado inteligente al servicio de la bicicleta financiera
Es sorprendente la capacidad embaucadora que práctica el gerente de la casa de gobierno, Carlos Sadir. En declaraciones a la prensa oficial ofrece un discurso contaminado por la hipocresía argumentando que él y los gobernadores cómplices de sus mentiras tienen una mirada diferente basada en el desarrollo un desarrollo algo raro basado en los negocios y en la corrupción.
Además plantea un Estado inteligente, responsable y con equilibrio fiscal sin atender las necesidades de la gente.
Yo creo que es al revés, un Estado inteligente y responsable es aquel que, superávit millonario mediante, lo primero que debe hacer es atender las necesidades de la gente, no salir corriendo al banco a contar los intereses de la especulación financiera con la plata de los jujeños.
Pero además, considero que el problema central en Jujuy no es una ideología sino una gestión que falla en lo esencial: agua que no llega, rutas que se desmoronan, escuelas rurales que se cierran, un éxodo que desarma comunidades y un aparato estatal que parece más interesado en financiar empresa públicas que en resolver las necesidades básicas de las personas.
Cada día miles de familias quedan a mitad de camino entre la pobreza y la imprescindible dignidad. Mientras tanto la deuda crece, los proyectos estables no llegan a tiempo y los expedientes quedan encajonados en un sistema que premia la burocracia y sanciona la rendición de cuentas. No se puede justificar con discursos sobre “modelo distinto” cuando la realidad es un abandono de servicios esenciales y una priorización del gasto que no guarda ninguna proporción con la necesidad real.
Si el gobierno provincial insiste en gastar en empresas estatales financiadas con deuda imposible de pagar, mientras las comunidades sufren desatención, el razonamiento es inaceptable: la administración pública no es un banco para eventuales experimentos empresariales ni una incubadora de proyectos que no pueden sostenerse; es un servicio público cuyo propósito es garantizar derechos y condiciones mínimas de vida.
La transparencia no es una opción, es una obligación: cada línea de gasto, cada contrato, cada obra debe rendir cuentas ante una ciudadanía que paga impuestos y exige resultados. La corrupción, cuando existe, debe ser investigada y publicada de forma inmediata; la campaña electoral no es territorio para ocultamientos ni para prácticas de muro de silencio que paralizan la verdad.
En resumen, la gestión debe dejar de confundir ambición presupuestaria con capacidad de respuesta: no hay margen para discursos grandilocuentes si las redes de agua, las rutas, las escuelas y la seguridad de las familias siguen fallando. Se requiere un plan claro, verificable y urgente que priorice servicios básicos, controle el endeudamiento, garantice la continuidad de la educación rural y preserve las tradiciones y la cohesión de las comunidades. Solo así se podrá evaluar con rigor el rumbo de las políticas públicas, exigir responsabilidad y reconstruir la confianza ciudadana en un marco democrático que ponga a las personas en el centro.
Un Estado que presume de superávit pero no logra explicar la distribución y el impacto de ese dinero pierde legitimidad ante quienes exigen servicios básicos y oportunidades reales para sus familias.
De modo que, si no hay claridad sobre cómo se gastan que frutos dejan las inversiones la población pierde confianza y la economía local se encarece con incertidumbre. Hay que convertir el dinero público en beneficios para la gente ya que no puede ser que los jujeños vivan a la espera de un bono miserable cuando el Estado tiene un superávit de 500 mil millones de pesos. Así esta gestión de gobierno no le sirve a nadie salvo a los cuatro vivos de siempre en Jujuy.