Sadir en Francia sin garantías institucionales para atraer inversiones

Ahí está el verdadero problema. Y también la contradicción.

Se pretende atraer inversiones extranjeras sin resolver antes las condiciones básicas que cualquier inversor responsable analiza antes de poner su capital en un territorio: seguridad jurídica, división de poderes, independencia de la justicia, organismos de control que funcionen y reglas de juego previsibles. No alcanza con mostrar recursos naturales si quienes los administran no pueden demostrar que existe un Estado capaz de garantizar el cumplimiento de las reglas.

Jujuy tiene recursos y oportunidades; lo que tiene pendiente es construir las instituciones capaces de convertir esas oportunidades en desarrollo.

Durante doce años hubo tiempo de sobra para democratizar y fortalecer las instituciones provinciales. Sin embargo, se eligió otro camino: la concentración del poder, el debilitamiento de los controles y la subordinación de buena parte de la estructura estatal a las necesidades del oficialismo. El resultado es una democracia cada vez más formal y menos efectiva, donde las mayorías parlamentarias pueden terminar convirtiendo al Poder Legislativo en una escribanía del Ejecutivo en lugar de hacerlo funcionar como un verdadero contrapeso del poder.

Y cuando los controles desaparecen, el problema deja de ser solamente político: también se convierte en un problema económico.

Porque ningún inversor serio mira únicamente el potencial de una mina, la belleza de un destino turístico o la productividad de una región; también mira las instituciones, mira los antecedentes, mira quién controla al poder. Mira qué sucede cuando una decisión administrativa es cuestionada, mira si la justicia puede actuar con independencia, mira si las reglas son estables o si dependen de la voluntad del gobierno de turno.

Por eso resulta difícil vender la idea de una Jujuy preparada para recibir grandes inversiones cuando todavía no se ha resuelto el problema mucho más elemental de garantizar un Estado confiable.

La paradoja es evidente: se busca atraer capital extranjero mientras puertas adentro se deterioran las condiciones institucionales que deberían darle confianza; se quiere poner el carro delante del caballo.

Tampoco se puede confundir obra pública con desarrollo: una obra pensada para producir impacto electoral puede servir para una elección, pero no necesariamente transforma la estructura económica de una provincia. El desarrollo requiere infraestructura estratégica, planificación, inversión privada, seguridad jurídica, instituciones sólidas y políticas que sobrevivan a los gobiernos.

Jujuy no necesita solamente anuncios ni fotografías internacionales; necesita credibilidad.

Y la credibilidad no se consigue en una reunión empresarial en París: se construye todos los días dentro de la provincia, garantizando que el poder tenga límites, que las instituciones funcionen y que las reglas sean iguales para todos.

Porque al final del camino, la consecuencia de esta debilidad institucional no la pagan los funcionarios que viajan al exterior. La pagan los jujeños cuando una inversión no llega, cuando una empresa decide mirar hacia otro lado, cuando no se genera empleo privado y cuando una provincia con enormes recursos continúa sin poder traducirlos en oportunidades concretas para su gente.

Por eso, antes de preguntar cuántas empresas francesas pueden venir a Jujuy, habría que preguntarse qué Jujuy se les está ofreciendo.

Si se les ofrece una provincia con recursos pero sin instituciones fuertes, el mensaje queda incompleto; si se les ofrece minería, turismo y agroindustria pero no seguridad jurídica, también. Si se les ofrece infraestructura sin un proyecto de desarrollo de largo plazo, la ecuación tampoco cierra.

Jujuy no necesita una puesta en escena internacional; necesita un proyecto de provincia, pero no el que quiere discutir Bernis, que no es democrático.

Un proyecto de provincia no puede estar construido alrededor de la conservación del poder: tiene que estar construido alrededor de las personas.

Mientras Jujuy siga siendo administrado como un proyecto de poder y no como un proyecto de desarrollo para los jujeños, cualquier discurso sobre inversiones, empleo y oportunidades corre el riesgo de quedarse en eso: en un discurso.

Primero las instituciones, después las inversiones. Porque sin institucionalidad no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay confianza, sin confianza no hay inversión seria, y sin inversión no hay empleo sostenible.

El orden de los factores, en este caso, sí altera el resultado.