Repensando el rol de los Fondos Fiduciarios en la gestión pública

Los Fondos Fiduciarios, también conocidos como Fideicomisos Estatales o Públicos, son instrumentos creados por el Estado para administrar recursos con un propósito específico relacionado con sus funciones, como educación, salud, seguridad, transporte, entre otros. Sin embargo, en muchos casos, estos fondos han sido objeto de denuncias por desviarse de su objetivo original, convirtiéndose más en mecanismos de dádivas, subsidios encubiertos o asistencialismo político.

Para abordar esta problemática, es crucial que cualquier fondo fiduciario tenga un objetivo concreto que beneficie al interés público como su principal finalidad. Esto implica la necesidad de contar con planes de negocios sólidos, estrategias claras y una planificación detallada. Es esencial satisfacer una demanda real y específica de la sociedad, donde el Estado debe agregar valor de manera inequívoca al conjunto, dado que son los ciudadanos quienes financiarán estas iniciativas. No basta con justificar un fideicomiso en términos generales, como la lucha contra los incendios, ya que la falta de especificidad puede llevar a malentendidos o a un uso inapropiado de los recursos públicos.

Es hora de replantear el papel de los Fondos Fiduciarios en nuestra gestión pública. Debemos garantizar que estos instrumentos se utilicen de manera transparente y eficiente, con un enfoque claro en el beneficio público y una rendición de cuentas rigurosa. Solo así podremos recuperar la confianza de la ciudadanía y avanzar hacia una administración más responsable y orientada al bien común.

La discusión en torno a los Fondos Fiduciarios no se limita únicamente a aquellos donde el Estado actúa como fiduciante, sino que también abarca otros casos menos visibles pero igualmente relevantes.

Uno de ellos es el caso del "Fideicomiso del Gas" o "Gasoducto Norte-Sur", creados por decreto en 2004, donde las empresas privadas eran los fiduciantes con el propósito de proveer de gasoductos al país.

Si bien estos fideicomisos no involucran directamente la fiducia de bienes por parte del Estado, su importancia estratégica para el desarrollo económico y social del país los coloca en el ámbito del interés público. De hecho, categorías similares han sido establecidas por organismos de control como el BCRA, que relacionan el concepto de interés público con el objeto de los fideicomisos.

La falta de transparencia en la gestión de estos fondos es evidente. Aunque existen numerosos fideicomisos operativos de infraestructura, energía, subsidios, entre otros, cuya evolución se informa trimestralmente a través de la web del Ministerio de Economía, los informes carecen de detalles sobre el destino y el timing de los fondos. La información se oculta bajo categorías generales como "gastos corrientes" o "gastos de capital", lo cual resulta de poco valor para la población, que desconoce cómo se utiliza su dinero.

Es importante destacar que la mayoría de estos fideicomisos se financian mediante impuestos, alícuotas o cánones sobre el consumo de bienes, así como transferencias directas de Ministerios del Estado. Sin embargo, la falta de fuentes de información confiables dificulta la supervisión ciudadana de estos fondos. Además, existen otros fideicomisos, cuyos fiduciantes son entidades provinciales, municipales o empresas del Estado, que no se incluyen en los informes públicos, lo que genera incertidumbre sobre su existencia y gestión.

Es fundamental que la gestión de los Fondos Fiduciarios se base en principios de transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y a participar activamente en la supervisión de su gestión. Solo mediante una mayor transparencia y acceso a la información podremos garantizar una gestión eficiente y responsable de estos fondos en beneficio de toda la sociedad.

La problemática relacionada con el uso de los fideicomisos por parte del Estado ha sido objeto de estudio durante más de dos décadas, con el propósito de alertar sobre las graves deficiencias en su diseño y gestión desde su creación a partir de la Ley 24.441/1995 y posteriormente, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Los expertos han revelado una serie de errores y debilidades significativas en la gestión de estos fondos, que van desde la falta de fiduciarios capacitados e independientes hasta la ausencia de planes de cuentas y criterios homogéneos de contabilización. Además, la falta de auditorías externas y la demora en la rendición de cuentas a los beneficiarios y organismos de control han contribuido a la opacidad y la discrecionalidad en el gasto.

Es preocupante observar cómo estos fideicomisos operan al margen del presupuesto, con escasos o nulos controles, lo que ha facilitado casos emblemáticos de corrupción, como los relacionados con Skanska y Odebrecht. La heterogeneidad normativa y la falta de claridad en el funcionamiento de estos fondos han generado confusiones y permitido abusos, desvirtuando su propósito original de crear valor para el desarrollo.

Una de las posibles soluciones para abordar esta problemática radica en la creación de una legislación responsable y específica que regule su accionar y establezca mecanismos de control efectivos. Sin embargo, esta legislación debe ser diseñada y discutida por expertos en la materia, asegurando la participación de todos los actores relevantes y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos fiduciarios del Estado.

Es fundamental adoptar medidas concretas para mejorar la gestión de los fondos fiduciarios del Estado, protegiendo así los intereses de la población y promoviendo el desarrollo equitativo y sostenible de nuestra sociedad.

En medio del debate sobre el uso de los fondos fiduciarios por parte del Estado, es fundamental destacar el potencial que tienen los Fondos de Inversión Directa para impulsar el crecimiento y el desarrollo genuino de la economía. Estos fondos, que se orientan hacia actividades productivas, representan una herramienta clave para la reactivación que nuestro país necesita en este momento de emergencia.

La idea de incorporar bienes del Estado infrautilizados al proceso transformador es un paso fundamental para desencadenar una verdadera "revolución productiva" liderada por el sector privado. Sin embargo, es importante reconocer que el abuso de esta figura por parte del Estado ha generado cierto escepticismo en torno al uso del fideicomiso.

Es necesario destacar que cualquier instrumento, incluido el fideicomiso, puede ser utilizado de manera inapropiada si cae en manos inexpertas o se emplea con fines espurios. Sin embargo, esto no debe empañar el potencial real que tienen los fondos de inversión directa para generar beneficios tangibles para la sociedad.

Por ello, es crucial que se adopten rápidamente propuestas de mejora para optimizar el funcionamiento de los fondos fiduciarios y aprovechar al máximo su potencial. Solo de esta manera podremos generar un impacto positivo y generar mayor bienestar para todos los argentinos.

El futuro de los fondos de inversión directa en Argentina depende en gran medida de nuestra capacidad para utilizarlos de manera responsable y efectiva en beneficio de la economía y la sociedad en su conjunto.