Inédita pelea de abogados por honorarios de jubilados
El Colegio profesional acusa a la Defensoría del Pueblo de ejercer “competencia desleal” por canalizar los trámites para los jubilados en forma gratuita, a través de los profesionales del organismo y pidió que se derogue el convenio con ANSES, por lo que recibió críticas de distintos sectores.
La reparación histórica para los jubilados es un programa lanzado por el gobierno nacional para ajustar las jubilaciones en una proporción que no alcanza el 82% móvil, pero incrementa el haber en forma considerable. La ley 27.260, que pone en vigencia el programa, fue aprobada el 26 de junio de 2016.
El beneficio consiste en una oferta que realiza el Estado al jubilado, menor a la que podría recibir si inicia un juicio contra el estado exigiendo el pago efectivo del 82% móvil, y que éste podrá aceptar o rechazar.
Si acepta, deberá comenzar un trámite que requiere necesariamente del asesoramiento de un abogado, ya que el acuerdo debe ser homologado en sede judicial.
Esta obligación, crea una demanda inusual: millones de jubilados en todo el país se vieron en la necesidad de contratar un asesor para realizar este trámite.
Por un convenio suscripto entre ANSES y las Defensorías del Pueblo de todo el país, el asesoramiento se canalizó en forma gratuita a través de los abogados que trabajan en las defensorías de las provincias. Cada profesional recibe un pago de aproximadamente 1.200 pesos por el trámite realizado.
Es decir que la gestión no tiene costo para el jubilado gracias a este convenio, pero si genera un honorario para los profesionales que lo realizan.
Allí se concentra la crítica del Colegio de Abogados de Jujuy. Según integrantes de la comisión directiva, la defensoría designó en forma arbitraria una lista de letrados que trabajan para ese organismo, quienes acaparan los trámites de todos los jubilados de la provincia.
“No es justo que se cree un nicho donde sólo unos pocos van a quedarse con todo ese trabajo”, indicó el presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, Fernando Zurueta.
A través de una resolución realizan una serie de cuestionamientos al convenio y piden que se derogue, argumentando que se trata de competencia desleal que favorece sólo a un grupo de abogados, cuyos criterios de selección no se conocen, y priva de realizar el trabajo al resto de los integrantes del foro de abogados locales.
En ANSES, sin embargo, sostienen que esta limitación no existe, ya que si un jubilado por algún motivo decide no acudir a la Defensoría del Pueblo a buscar asesoramiento, cualquier estudio jurídico independiente puede brindárselo sin que nada se lo impida.
Lógicamente, es esperable que las personas concurran a dónde se les garantiza la gratuidad del trámite, pero si un abogado que no pertenezca a la defensoría le ofrece esas mismas condiciones al beneficiario, y acepta obtener en concepto de honorarios los 1.200 pesos que paga ANSES, nada se lo impide.
La polémica le valió una lluvia de críticas a la comisión directiva del Colegio de Abogados de Jujuy, a quienes les reprochan haber tenido una actitud insensible al pretender eliminar una medida que garantiza la gratuidad a miles de jubilados que no podrían afrontar los costos normales de un asesoramiento legal.
En el Colegio, en tanto, se defienden y aseguran que lo más probable es que la inmensa mayoría de los profesionales ofrezcan las mismas condiciones, esto es, realizar el trámite sin costo alguno para el jubilado, pero cuestionan que toda la tarea se concentre en la defensoría del pueblo.
“Son un grupito que se va a llevar todo”, dejaron trascender con malestar. La polémica quedó abierta.