Dos hombres fueron a juicio por el crimen del trabajador del volante Luis Quesada, oriundo de la localidad de Pichanal. El hombre fue asesinado en marzo del 2024 en Caimancito.
Dos hombres fueron condenados a la pena de 14 años de prisión por la coautoría del delito de “Homicidio en ocasión de robo”, cometido en perjuicio del remisero salteño Luis María Quesada.
Se trata de Cristian Maximiliano Viera y Fernando Luis Medina quienes fueron sentenciados, el pasado 4 de marzo del año en curso, por los jueces María Margarita Nallar – presidente de trámite -, Alejandro Máximo Gloss y Luis Ernesto Kamada. La secretaría estuvo a cargo de Pablo Bustamante.
Según la acusación de la Fiscalía, los hechos que llevaron a juicio a Cristian Maximiliano Viera y Fernando Luis Medina ocurrieron el 26 de marzo de 2024, aproximadamente a las 21.15, cuando abordaron un remis conducido por la víctima, Luis María Quesada, en la parada ubicada en el cruce de la localidad de Pichanal sobre Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta, con destino a la ciudad de Perico, provincia de Jujuy.
En el automóvil Chevrolet modelo Corsa, y previo a pasar por la estación servicios “REFINOR” en Pichanal, al acercarse a la localidad de Caimancito, en el departamento Ledesma, provincia de Jujuy, le ordenaron a la víctima que detenga el vehículo y que se baje del mismo para exigirle la entrega de sus pertenencias y el automóvil.
El remisero Quesada se resistió, por lo que los imputados procedieron a ultimarlo de 36 puñaladas asegurando de esa manera el éxito y consumación del desapoderamiento, provocándole la muerte a causa de lesiones múltiples con arma blanca.
Seguidamente, Medina y Viera ocultaron el cuerpo de la víctima en los pastizales a unos 900 metros del ingreso a Caimancito, en un camino interno del Gasoducto que se encuentra paralelo a la Ruta Nacional 34.
Luego ambos se dieron a la fuga del lugar abordo del rodado con destino a Libertador General San Martín, ciudad donde entregaron el automóvil producto del ilícito a un hombre, a los efectos de ocultarlo, resguardarlo, desmantelarlo y venderlo; procurando con ello además de un beneficio económico, asegurar la impunidad del hecho cometido.
Como Fiscal ante el Tribunal se desempeñó Agustín Jarma, en representación del Ministerio Publico de la Acusación.
Por su parte, la defensa técnica de los acusados fue ejercida por los Defensores Oficiales Penales Juan Pablo Canetti y Ezequiel Elgohyen, pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en el plazo establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia y registrados en el Sistema de Gestión Judicial; a partir de lo cual las partes podrán solicitar su revisión ante una instancia superior a la de juicio.
