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Crisis en el transporte: los números de las empresas siguen en la mira

Los empresarios aducen tener “un problema económico”, porque sus costos son más altos que sus ingresos; los funcionarios provinciales callan ante esta versión, que no confirman ni desmienten, mientras que la defensoría del pueblo pide estudios de costos serios y esperan la información del sistema SUBE.

La economía de las empresas concesionarias del transporte público urbano e interurbano en Jujuy es uno de los temas de fondo que la crisis reciente obliga a revisar. 

El problema se reduce a un planteo: los empresarios sostienen que sus costos son mayores que sus ingresos. En consecuencia demoran los pagos a sus trabajadores y estos, en protesta, promueven medidas de fuerza extremas como las de hace una semana. 

Políticamente, todos aceptan que el usuario, en las condiciones actuales, no podría afrontar ese costo. Eso está fuera de discusión. Así, la tarifa se fijó en $18.83. La forma en que se financia el saldo es lo que está en discusión.

Sin embargo, este argumento se asienta sólo en las declaraciones públicas realizadas por referentes de las empresas, aceptadas tácitamente por funcionarios provinciales, municipales y concejales. 

En otras palabras, hace una década que no se realizan estudios de costos serios en la provincia, ya que los realizados siempre adolecieron de falta de información, precisamente, por falta de colaboración de algunas empresas. 

Ese punto es lo que cuestionó el defensor del pueblo, Javier De Bedia, quien sostiene que no le “satisface plenamente” lo que se ha demostrado hasta aquí. 

“Hay contadores que opinan que debería ser algo más profundo, que asegure al municipio y al usuario que el costo que se determina es real, cosa que hoy no sabemos”, indicó De Bedia.

La información proporcionada por el sistema SUBE, implementado desde 2016 en Jujuy, aportará claridad según el defensor del pueblo y algunos funcionarios del área que posicionaron allí sus objetivos. 

Esto parece un acto de subestimación, no obstante: por contrato, el municipio tiene la facultad de auditar una vez al mes, si lo desea, a las empresas de transporte. Inexplicablemente no lo hace o no lo difunde. 

“Esto dará un parámetro cierto de la cantidad de personas que usan el servicio. Será un estudio mucho más fidedigno, porque hay empresas que no aportan todos los datos necesarios. Lo dice la municipalidad”, aportó De Bedia. 

Además, el defensor remarcó que “todos sabemos que un balance puede cambiarse y dibujarse un poco”, en una llamativa declaración.