Acusan al gobierno de seguir "demonizando" la protesta social
- Mariana Katz, abogada y referente del Servicio de Paz y Justicia, aseguró que las protestas de comunidades no son violentas y que el gobierno continúa demonizando y estigmatizando el reclamo social.
- Acusó a la policía, el gobierno y a un legislador provincial de los enfrentamientos ocurridos en esa localidad la semana pasada.
Luego de los hechos ocurridos el viernes pasado en Purmamarca cuando un grupo de personas quiso que se levantara el corte de ruta que se realiza en esa localidad, la abogada de pueblos originarios del Servicio de Paz y Justicia (SREPAJ), Mariana Katz, acusó de lo ocurrido al gobierno, la policía y un legislador provincial (recientemente electo intendente de Purmamarca) indicando que aun se busca demonizar y estigmatizar la protesta social.
“Los indígenas no son violentos, su protesta es muy pacífica. La violencia proviene del Estado y privados vinculados al Estado. También acusan de hechos anteriores de violencia a un diputado provincial que fue electo intendente de Purmamarca. La violencia siempre se ejerce desde la policía y desde este tipo de personas”.
Asimismo, marcó que “no es casualidad que el gobernador salga a pedir a los turistas que no vengan es una forma de demonizar y estigmatizar la protesta social”.
Katz dijo que luego de la modificación de la Constitución nacional en 1994, “los derechos de los indígenas son específicos (y marcan que) tienen derecho a la participación y consulta en todos los intereses que les afecten. Por eso cuando se modificó el Código Civil hubo audiencias donde se escuchó a las comunidades. Una de las cosas que se quitó del ante proyecto de ley fue que se iba a reconocer la propiedad comunitaria y acordaron crear una ley específica en 180 días. Eso se incumplió”.
Por otro lado, sostuvo que “el Poder Judicial no cumple con su función de proteger, respetar y garantizar los derechos consagrados en la Constitución nacional, la convención americana y el resto de tratados internacionales que forman parte de la Constitución. Debería garantizar, en este contexto, la integridad física y la vida de las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta social, pero optó por tomar una perspectiva más estrictamente procesalista”.