Pulleiro expresa una desconexión total con la realidad operativa y humana de sus dirigidos
El Estado jujeño parece haber perdido el rumbo en la gestión de lo más sagrado: la seguridad de sus ciudadanos. Resulta alarmante —y hay que decirlo con claridad— que mientras la provincia se jacta de ser la “reina del litio” y de liderar la vanguardia energética, sus policías, los que ponen el cuerpo en el territorio, deban subsistir con un sueldo básico que ronda los 200.000 pesos. Una cifra que suena más a provocación que a reconocimiento y que erosiona cualquier cadena de mando.
La improvisación oficial alcanza niveles preocupantes cuando, en medio del avance del narcotráfico y la escalada delictiva, se anuncian beneficios millonarios para la cúpula mientras el agente de calle carece de recursos básicos. El efectivo que patrulla barrios muchas veces no cuenta con móviles en condiciones ni insumos suficientes, y termina obligado a multiplicar horas de trabajo para sostener su economía familiar.
En un contexto de violencia creciente, resulta contradictorio que se recorten partidas presupuestarias destinadas a seguridad. No se puede combatir el delito con móviles limitados a cupos mínimos de combustible ni con comisarías en condiciones edilicias precarias. La presencia policial efectiva requiere inversión real, planificación y decisión política.
La gestión del secretario Luis Martín Pulleiro acumula cuestionamientos por la falta de consensos y por una evidente desconexión con la realidad operativa. Hoy hay efectivos afectados a tareas administrativas o custodias políticas mientras en los barrios se reclama mayor patrullaje. La discusión sobre la emergencia en seguridad dejó de ser una bandera opositora para convertirse en una demanda social concreta.
En ese marco, el proyecto impulsado por el diputado Luis Federico Canedi propone reordenar recursos, terminar con privilegios de custodia innecesarios y redirigir fondos hacia combustible, equipamiento y mejora de infraestructura. Más allá del debate político, el eje es claro: devolver policías a la calle y garantizar condiciones dignas de trabajo.
La seguridad no se declama; se gestiona con planificación, equidad y transparencia. Cuando el efectivo siente que el esfuerzo no es reconocido y que los beneficios se concentran en pocos, la confianza interna se resquebraja. Y cuando eso ocurre, no solo se afecta a la institución: se pone en riesgo la tranquilidad de toda la provincia.
Es tiempo de abandonar la lógica del parche y asumir que la crisis exige decisiones estructurales. Porque mientras el delito se organiza y avanza, el Estado no puede seguir improvisando.