"Provocación": cuestionan al gobernador Sadir por amenazar con usar fondos propios para la "Travesía Urbana"

Según sus manifestaciones, si la Legislatura no aprueba el proyecto de endeudamiento internacional por 100 millones de dólares, el gobernador Sadir estaría dispuesto a recurrir a fondos propios de la provincia para ejecutar la obra. Esta afirmación, lejos de despejar las dudas, profundizó el malestar social y dejó al descubierto una contradicción difícil de justificar: mientras los trabajadores estatales reclaman una recomposición salarial que les permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido, el gobierno admite que cuenta con recursos millonarios para destinar a una obra vial de apenas cinco kilómetros.

La pregunta surge inevitablemente: ¿de dónde saldrían esos fondos y por qué no pueden destinarse, al menos en parte, a atender las necesidades más urgentes de la población?

La situación adquiere mayor gravedad cuando se observa la realidad cotidiana de numerosos barrios jujeños, particularmente sectores de Alto Comedero, donde miles de familias todavía conviven con la falta de cloacas, calles sin pavimentar, barro permanente, acumulación de residuos, proliferación de alimañas, inseguridad y viviendas precarias. Son problemas estructurales que afectan la salud, la dignidad y la calidad de vida de la población y que, sin embargo, no parecen ocupar un lugar prioritario en la agenda de inversiones del gobierno provincial.

En ese contexto, la decisión de comprometer 100 millones de dólares en una obra de estas características no puede analizarse solamente desde una perspectiva vial: debe discutirse en términos de prioridades políticas, necesidades sociales y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Lo verdaderamente preocupante es que, ante los cuestionamientos por el endeudamiento, el gobierno no haya ofrecido una explicación convincente sobre la necesidad, el costo y la urgencia de semejante inversión, sino que haya dejado trascender que, si no consigue autorización legislativa para tomar deuda internacional, apelará directamente al tesoro provincial. Esto plantea un interrogante todavía más delicado: si existen recursos propios para financiar el proyecto, ¿por qué no se priorizan las demandas salariales, las obras de infraestructura básica y las necesidades de los sectores más postergados? La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las razones que justifican semejante asignación de recursos y qué beneficios concretos recibirá la sociedad en relación con el monto que se pretende invertir.

La sensación que generan estas decisiones es la de un gobierno dispuesto a sostener a cualquier costo una determinada política de obra pública, aun cuando las condiciones sociales y económicas de la provincia exigen revisar prioridades. Para amplios sectores de la sociedad, la insistencia con este proyecto puede interpretarse como una provocación, especialmente cuando los salarios pierden capacidad adquisitiva y los barrios populares continúan esperando servicios esenciales. No se trata de negar la importancia de la infraestructura vial ni de desconocer que Jujuy necesita obras estratégicas, sino de discutir cuáles son verdaderamente prioritarias, cuánto cuestan, cómo se financian y a quiénes benefician.

A esta controversia se suma el conflicto político dentro de la Legislatura, donde las diferencias en torno a la autorización del crédito internacional habrían profundizado las tensiones entre los sectores involucrados. En ese escenario se inscriben los cuestionamientos por el comportamiento del empresario Ulloa, quien protagonizó un episodio de fuerte confrontación en el ámbito legislativo cuando el proyecto de endeudamiento no avanzaba.

Estos hechos alimentan las sospechas y los cuestionamientos sobre los intereses que rodean a la iniciativa vial. Las acusaciones sobre posibles beneficios particulares o negocios vinculados a la obra pública requieren explicaciones y pruebas, pero el gobierno tiene la obligación de garantizar transparencia absoluta en cada etapa del proyecto.

El gobernador Carlos Sadir debería comprender que gobernar no consiste en imponer obras ni en convertir la disponibilidad de fondos públicos en una autorización automática para gastarlos, mucho menos cuando una parte importante de la sociedad reclama respuestas concretas a problemas elementales que llevan años sin solución.

Antes de comprometer 100 millones de dólares, mediante endeudamiento o con recursos del tesoro provincial, sería razonable explicar por qué cinco kilómetros de infraestructura vial merecen semejante prioridad frente a las urgencias de miles de familias jujeñas.