La resolución judicial se concretó tras el contundente operativo del pasado 18 de julio, en el que Gendarmería Nacional interceptó un automóvil Peugeot 408 en el puesto de control de Tres Cruces con 61 kilos de cocaína oculta en el torpedo y los zócalos.
Liderazgo desde el penal y roles familiares
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la banda estaba comandada desde el Complejo Penitenciario Federal NOA III por Wilfredo Villegas, un recluso que cumple una condena de 8 años por narcotráfico. Dentro de la estructura, una hermana del líder actuaba como "vocera" del penal, mientras que su pareja conducía el vehículo interceptado con el cargamento.
La red utilizaba viviendas y talleres en las localidades fronterizas de Casira y Cieneguillas para acopiar la droga proveniente de Villazón y acondicionarla en los dobles fondos de los rodados. En esos puntos también operaba un custodio apodado "El Diablo", quien utilizaba la fabricación de ollas de barro como pantalla comercial. Además, la magistrada libró un pedido de captura internacional para otro hermano de Villegas, señalado como el reclutador de choferes.
La maniobra de "barrido" y la caída
El avance de la causa reveló la logística previa al traslado: el 16 de julio, el padrastro de los imputados junto a la madre viajaron en un Honda Civic a las 2:30 hacia San Salvador de Jujuy para hacer un "barrido" de la Ruta 9.
Al constatar que en Tres Cruces solo solicitaban documentación de rutina, dieron luz verde al transporte de la droga, maniobra que finalmente fue frustrada por el can antidrogas de la fuerza federal.
Esta red ya había cobrado trascendencia tras conocerse los insólitos ritos esotéricos a los que recurrían por orden del proveedor boliviano, alias "El Padrino": en las requisas, los efectivos hallaron restos de sangre animal, la cabeza de un cabrito y amuletos colocados entre los paquetes de droga para evadir los controles. Pese al hermetismo de sus códigos, las tareas de campo de un agente encubierto permitieron descifrar la operatoria.
Tras formalizarse las imputaciones, la Justicia Federal dispuso el peritaje de los 34 teléfonos celulares secuestrados en los 12 allanamientos simultáneos realizados en la provincia, con el fin de avanzar sobre nuevos eslabones de la organización.
