Tras descubrirse que la madre encubría los abusos, un juez envía al padrastro a prisión domiciliaria

• Madre cómplice: Descubren que la madre de la víctima encubría los abusos, lo que derivó en su imputación.
• Fallo polémico: El juez Juan Ángel Cabezas Hametti otorgó prisión domiciliaria al principal imputado, pese a la oposición fiscal.
• Revictimización institucional: La decisión judicial genera indignación y es vista como un grave retroceso en la protección de la víctima.

La causa que investiga el aberrante abuso sexual de una adolescente en la ciudad de San Pedro de Jujuy sumó este jueves un capítulo negro que roza el escándalo institucional.

En una polémica audiencia realizada en el Centro Judicial de San Pedro, la justicia penal resolvió otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al principal imputado, provocando la indignación de la familia de la víctima y abriendo un profundo quiebre entre los criterios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Juzgado de Juicio.

La resolución, firmada por el Juez Penal con Función de Juicio, Juan Ángel Cabezas Hametti, se produce en el peor momento posible: apenas días después de que la causa diera un vuelco drástico al descubrirse que la madre de la menor actuaba como cómplice y protectora del presunto agresor.

Una red de desamparo materno desarticulada

El caso, que se inició formalmente a fines de abril, investiga los abusos sistemáticos y degradantes cometidos por el acusado en perjuicio de la hija de su concubina, ocurridos de manera continuada entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 en un domicilio de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Sin embargo, el verdadero quiebre de la investigación preparatoria se produjo durante la declaración de la adolescente mediante el sistema de Cámara Gesell. En ese espacio de resguardo, la menor de 14 años rompió el silencio con un relato escalofriante: reveló que su propia madre, la instruía, presionaba y amenazaba para que mintiera ante las autoridades, exigiéndole ocultar que el acusado seguía ingresando a la vivienda.

Ante la contundencia de la prueba, el MPA imputó formalmente a la madre por los delitos de encubrimiento agravado en concurso real con participación necesaria en el delito de desobediencia judicial.

Paralelamente, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) intervino de urgencia ante el desamparo absoluto de las menores: le quitó la custodia a la madre, dictó una perimetral contra ella y otorgó el resguardo de la víctima y sus dos hermanitas a su abuela materna.

Los antecedentes de riesgo

Pese al esfuerzo de contención institucional hacia las menores, la audiencia de este jueves pulverizó las garantías de seguridad de la víctima. El abogado defensor del imputado, Dr. Reynoso, solicitó la prisión domiciliaria para su representado; un pedido al que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Juan Baiud, se opuso firmemente argumentando el inminente riesgo de entorpecimiento del proceso.

Fuentes consultadas, confirmaron que el juez Juan Cabezas Hametti dio lugar al pedido de la defensa, dictando una resolución que viola de manera flagrante los requisitos objetivos que el Código Procesal Penal exige para otorgar una prisión domiciliaria:

• Edad: El beneficio está previsto para personas mayores de 70 años; el acusado tiene apenas 31 años.
• Salud: No se acreditó ninguna patología ni enfermedad de alto riesgo de vida que impida su alojamiento en un penal.
• Cuidado de terceros: El imputado no posee menores de 5 años a su cargo.

Aún más grave resulta el hecho de que el magistrado desoyó los antecedentes directos que constan en el expediente. A mediados de abril de 2026, ya había sido notificado de una exclusión de hogar y restricción perimetral absoluta ordenada por el juez Sergio González. Lejos de respetarla, el acusado violó la manda judicial y se reinstaló en la casa de la víctima con la complicidad de la madre.

El riesgo de entorpecimiento y de desobediencia ya no era una hipótesis de la fiscalía: era un hecho probado y documentado en las fojas de la causa. Aun así, el juez decidió confiar en la palabra de un imputado que ya demostró que no acata las órdenes de la justicia.

Para sumar irregularidades, durante la audiencia preliminar ni la defensa ni el acusado lograron acreditar fehacientemente el vínculo parental con la propietaria del inmueble donde el sujeto cumplirá la detención; el sindicado simplemente se limitó a asegurar que se trataba de su madre, sin presentar documentación respaldatoria.

Una clara revictimización

La decisión del juez Cabezas Hametti configura, según especialistas, un caso paradigmático de revictimización institucional. Tras el enorme costo psicológico que implicó para la menor declarar en Cámara Gesell y desarticular el círculo de violencia de su hogar, el mensaje del sistema judicial es enviarle al presunto abusador a un régimen de semilibertad.

El fallo desoyó también el desgarrador testimonio de la abuela materna de la niña, quien estuvo presente en el recinto judicial. La mujer mayor —que hoy carga con la enorme responsabilidad de criar sola a sus tres nietas y que es asistida por el Centro de Asistencia a la Víctima del MPA— se opuso tenazmente a la domiciliaria, manifestando un profundo temor por lo que pueda sucederle a la adolescente y a su familia. Sus lágrimas y súplicas no fueron escuchadas por el magistrado.

Mientras el supuesto abusador se prepara para trasladarse al domicilio concedido por la justicia, se espera que el fiscal Juan Baiud apele de manera inmediata la resolución ante el Tribunal del Control, buscando revertir un fallo que deja en absoluta vulnerabilidad a una menor de 14 años en San Pedro de Jujuy.