Postergan el bienestar general para poder sobrevivir en política

Lo que estamos viendo, y que se siente en la calle cada vez que el ciudadano abre la billetera, es el despliegue de la “teoría de la elección pública” llevada a su extremo más crudo, donde el funcionario deja de ser un servidor para convertirse en un maximizador de presupuesto.

En este escenario, el Estado no busca eficiencia, sino que opera bajo una lógica de extracción constante, porque su prioridad no es el largo plazo, sino el mantenimiento del aparato. Conceptualmente, esto se define como la “autoconservación de la élite”, un fenómeno donde la estructura política se vuelve autorreferencial y el poder deja de ser un medio para transformarse en el único fin.

Por eso aparece esa voracidad recaudatoria que mencionamos: no es una necesidad técnica, es el combustible necesario para alimentar una maquinaria electoral que nunca se detiene. La creación de herramientas como la cuenta única o el centralismo fiscal no son más que mecanismos de control para evitar que los recursos se escapen de las manos que deciden el próximo spot de campaña.

Aquí es donde entra en juego la asimetría en la rendición de cuentas: cuando el objetivo es sobrevivir a la próxima elección, la transparencia se vuelve un estorbo, un costo político que nadie quiere pagar. Entonces, el sistema se cierra sobre sí mismo. El ciudadano queda relegado al papel de “financiador involuntario” de un espectáculo que no le devuelve servicios, sino promesas de corto plazo diseñadas para capturar el voto bajo presión.

Se rompe el contrato social básico porque el gobierno ya no gestiona bienes públicos, sino que administra la escasez para asegurar su propia permanencia, generando un ciclo de dependencia donde el bienestar general es apenas un eslogan de campaña y nunca una meta real de gestión. Al final del día, mientras la política se obsesiona con la ingeniería financiera de su supervivencia, la sociedad queda mirando desde afuera un circo que ella misma sostiene con su esfuerzo diario, esperando una respuesta que nunca llega porque el sistema está demasiado ocupado mirando el calendario electoral.

Mientras en los despachos se miden tiempos de encuestas y cierres de listas, la realidad del ciudadano de a pie corre por un carril totalmente opuesto, marcado por la urgencia de los servicios básicos y la asfixia económica. Lo que aquí se evidencia es una captura del Estado por intereses corporativos de la política, donde el concepto de representación se ha desvirtuado hasta convertirse en una transacción de cúpulas.

La resistencia a la boleta única no es un debate técnico ni de costos; es la defensa de un sistema de opacidad que permite el control de la voluntad popular a través de estructuras clientelares que necesitan del viejo papel para garantizar su reproducción. Este pacto de conveniencia que mencionamos, que borra las fronteras ideológicas para unir a sectores del oficialismo y del peronismo más ortodoxo, representa lo que en ciencia política se llama “cartelización de la política”, donde los supuestos rivales se ponen de acuerdo para cerrar el ingreso a nuevas alternativas y mantener las reglas de juego que les convienen a ambos.

Es una alianza de supervivencia mutua que prioriza el statu quo sobre la modernización institucional, porque saben que la transparencia del sistema electoral es el primer paso hacia una rendición de cuentas real que hoy no están dispuestos a dar.

Al obturar estas reformas, lo que hacen es blindar ese circo electoral que mencionábamos antes, asegurando que los recursos sigan fluyendo hacia la propaganda y el aparato en lugar de transformarse en salud, educación o infraestructura. La gente, que financia todo este despliegue con sus impuestos, observa con justa desconfianza cómo sus problemas reales quedan sepultados bajo una ingeniería del poder diseñada exclusivamente para que nada cambie, manteniendo cautiva la esperanza de una política que alguna vez decida, por fin, mirar más allá de la próxima urna y se digne a gestionar para el bienestar de todos.