El poder impone la estatización de la usurpación en Jujuy

Hay una profunda indignación que recorre las venas de nuestra provincia, desde los cerros de la Quebrada hasta el asfalto de la capital. Lo que estamos presenciando hoy, con estas nuevas notificaciones de desalojo emitidas por la Fiscalía de Estado contra la comunidad de Cipaqui y otras familias de agricultores ancestrales, no es simplemente un trámite administrativo o una cuestión de papeles; es un asalto sistemático a la identidad y a la supervivencia de quienes han custodiado la tierra mucho antes de que existiera el Estado tal como lo conocemos.

Es alarmante y doloroso ver cómo la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores, esos pequeños productores que han dejado la vida en el surco, es utilizada como una ventana de oportunidad para que el gobierno de Jujuy avance con una voracidad inmobiliaria sin precedentes. El argumento de que son tierras fiscales choca de frente con una realidad jurídica que el poder parece querer borrar de un plumazo: el concepto de posesión inmemorial y la propiedad comunitaria indígena.

Estamos ante una violación flagrante del artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución Nacional, ese que reconoce la preexistencia étnica y cultural y garantiza la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Pero aquí, en el “laboratorio” político de la reforma de Morales, el derecho parece ser un obstáculo para los negocios de los amigos del poder. La falta de consulta previa, libre e informada, consagrada en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, no es un descuido técnico: es una decisión política de ignorar la voz de los pueblos para facilitar el extractivismo y el turismo de lujo.

Lo que es aún más alarmante es este nuevo proyecto de ley presentado por el gobernador Sadir a la Legislatura para confiscar inmuebles sin debido proceso judicial. Esto ya no es solo una persecución contra las comunidades originarias; es una amenaza directa contra todo ciudadano jujeño, sea rural o urbano. Al eliminar la instancia judicial, el Estado se convierte en juez y parte, destruyendo el derecho de defensa y la seguridad jurídica que tanto pregonan en los discursos oficiales. Estamos ante un autoritarismo administrativo que utiliza la estructura pública para el despojo patrimonial, transformando el derecho a la propiedad en un privilegio discrecional del Ejecutivo.

Mientras las comunidades bajan a la plaza para gritar que la tierra no es una mercancía, sino un territorio vivo, el gobierno responde con el silencio de los despachos y la violencia del desalojo. No podemos permitir que la legalidad sea un disfraz para la injusticia, ni que se pretenda gobernar Jujuy como si fuera una estancia privada donde los derechos humanos y las leyes internacionales son simples sugerencias que se pueden archivar. La gravedad de este avance sobre la posesión y la vida misma de los agricultores es un llamado de alerta para toda la sociedad: hoy vienen por los cerros, pero el mecanismo de despojo ya está aceitado para entrar en cualquier barrio de nuestra provincia.

Sumado a este atropello, es fundamental denunciar la perversa ingeniería jurídica que el gobierno de Jujuy está perfeccionando para vaciar de contenido la jerarquía constitucional de las leyes, actuando como si la provincia fuera un feudo exento del control federal y de los compromisos internacionales.

Esta arbitrariedad no es un error de cálculo, sino un plan deliberado que pisotea el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual prohíbe que el Estado retroceda en conquistas sociales y territoriales ya alcanzadas. Al intentar aplicar normativas de corte dictatorial para eludir el control de los jueces, el Ejecutivo está dinamitando la división de poderes y dejando a los ciudadanos en un estado de absoluta indefensión, donde un simple decreto o una resolución administrativa tiene más peso que décadas de posesión efectiva y pacífica.

Es una aberración jurídica que se ignore la Ley 26.160, que declara la emergencia territorial y suspende los desalojos de comunidades indígenas, demostrando que, para el poder actual, la seguridad jurídica es un traje a medida que solo visten los grandes inversores y los desarrollos inmobiliarios de élite. Estamos ante una “estatización de la usurpación”, donde el aparato estatal se utiliza para despojar al humilde bajo un barniz de legalidad que no resiste el menor análisis constitucional.

Lo que se está gestando en la Legislatura y en las oficinas de la Fiscalía de Estado es un precedente peligrosísimo para toda la democracia argentina, porque si se permite que en Jujuy la posesión de la tierra dependa del capricho de un funcionario de turno y no de la protección de los tribunales, se está enviando un mensaje claro: la propiedad privada y comunitaria solo existen mientras no interfieran con los negocios del círculo gobernante.

Esta ceguera voluntaria ante el derecho a la identidad, a la cultura y a la dignidad de los campesinos ancestrales no es otra cosa que un ejercicio de violencia institucional que busca quebrar la resistencia de quienes no tienen más escudo que su verdad.