Sin plan B para el transporte ilegal

Este ante proyecto simplemente formaliza lo ya anunciado: el blanqueo liso y llano de todos los remises que actualmente realizan viajes entre distintos municipios de la provincia, en un esquema absolutamente fuera del marco legal.

Por estas horas, los propios remiseros hablan de más de 1600 unidades que traen y llevan pasajeros desde distintos puntos de la provincia hasta San Salvador de Jujuy, estableciendo una competencia desleal hacia las empresas de trasporte regulares y hacia los taxis de la ciudad.

Esta ilegalidad fue promocionada y auspiciada por el propio Estado provincial que abandonó las rutas, liberando los caminos a la transgresión sistemática. A esto le tenemos que sumar el cómplice silencio gubernamental cuando sus intendentes repartían licencias a diestra y siniestra sin ningún criterio lógico, solo motivados por intenciones partidarias, partiendo de la falsa ecuación de que una licencia es sinónimo de algunos votos y algún militante circunstancial.

Esta norma que impulsa el gobierno de Fellner establece que todos aquellos que pretenden prestar el servicio entre distintos municipios, "deberán pertenecer a una de las cooperativas destinadas al trasporte interjurisdiccional de personas, legalmente constituidas, que fueran preexistentes a la promulgación de la presente Ley con una base de operaciones con habilitación municipal..." De esta manera el Gobierno está abriendo la puerta para que los 1600 ahora declarados, puedan ser muchos más; dependerá solamente de la rapidez con que puedan organizar una cooperativa.

Siempre estuvo latente que los remiseros que buscan la legalidad eran personas que poseían un vehículo y buscaban el sustento familiar con esa herramienta, pero este anteproyecto deja abierta la posibilidad a que alguna persona tenga más de una licencia y tenga choferes trabajando sobre las rutas, tal cual lo establece el artículo 6, que detalla los requisitos que debe cumplir el chofer a la hora de obtener el alta en la Dirección de Trasporte de la Provincia.

Este artículo 6 desvirtúa radicalmente lo que vienen pregonando desde hace algún tiempo tanto los remiseros como el Ejecutivo provincial, ya que deja abierta a criterio del jefe comunal de turno, la cantidad de licencias que entrega a cada persona.

Este proyecto nada dice sobre el acceso a la ciudad; solamente establece que las cooperativas deberán tener oficinas habilitadas por la ciudad y que será esta misma la que establezca las paradas para dejar y llevar pasajeros.

Este punto es uno de los más álgidos, ya que los taxistas de la ciudad y las empresas de transporte sostienen que los remises no deben entrar a la ciudad y que su parada natural debe ser a zona de la nueva terminal.

Con este anteproyecto, indudablemente el Gobierno provincial pretende simplemente Sacarse un problema de encima, ya que lejos de contribuir a la solución del problema del transporte, le da el marco legal a un esquema de competencia absolutamente desleal con las empresas de transporte y los taxis de la ciudad.

Desde que la terminal nueva es la parada obligatoria de las empresas de colectivos, estas vieron caer un 30% la venta de pasajes, aunque algunos sostienen extraoficialmente que esta caída ya alcanzó el 40%. El resultado de esta situación es de simple conclusión: a menos venta de pasajes, menor cantidad de servicios y por consiguiente menor cantidad de empleados.

Esta ecuación encendió la luz de alarma en la Unión Tranviarios Automotor, que ve con preocupación la posibilidad de despidos y suspensiones. El gremio, alerta ante este panorama, inició conversaciones con los taxistas locales con el fin de coordinar eventuales medidas de fuerza.

Los taxistas ven sobre sus horizontes una situación similar a la de los transportistas; entienden que el descontrol en el servicio de remises afecta de manera directa su fuente laboral y en consonancia con la UTA reclaman medidas que tiendan a regularizar la situación.

El Gobierno provincial está muy lejos de contribuir a la solución del problema del trasporte. En la última década solo se limitó a mirar cómo el desorden pasaba sobre las rutas sin control; la clásica ceguera cortoplacista únicamente provocó que el problema se fuera agigantando. Ahora únicamente está preocupado en saber cómo hace para sacarse el problema de encima y de ser posible tirarle todo el peso del reclamo a la comuna capitalina.

En los despachos gubernamentales la legalización de la ilegalidad es el único plan en carpeta, no hay plan B.

Una vez más las mezquindades electorales se anteponen a los intereses de los jujeños. La visión de Estado fue reemplazada nuevamente por intereses que nada aportan a una mejor provincia.

El problema del transporte público es integral y no puede resolverse como compartimentos estancos. La gran mesa del dialogo quedó archivada una vez más y a favor de las miserias partidarias, aquella mismas que llevaron a Jujuy a consolidarse como un estado periférico y marginal.