Sin control habrá más escándalo Limsa y más escándalo garrafa social

En el caso de las garrafas sociales, hasta el momento nadie sabe explicar cuál ente estatal es el encargado de controlar que el gas subsidiado llegue a los más pobres.

De una manera absolutamente informal, quien hizo estallar el problema con la distribución de las garrafas, fue el control público, que apelando al único recurso que tienen a mano, llevó el asunto a los medios en procura de ser escuchado y que alguien sea capaz de corregir una irregular situación.

A partir de la mediatización de una realidad, y la viralización en las redes sociales, los radicales levantaron el guante y formularon una denuncia en el fuero federal.

El gobierno de Fellner, responsable de programa,  solo atinó a decir que el programa era “exitoso” y que responderían en la Justicia. Aunque cabe destacar que aún las cifras del Gobierno distan mucho de los números entregados por Jorge Milton Capitanich en el Congreso de la Nación.

El hecho es que nadie controló a nadie, y las garrafas sociales terminaron en un festival de denuncias que ponen en jaque a una gestión provincial que ya tiene sobre sus espaldas una serie de sospechas de haber manejado los fondos púbicos con una inusitada liviandad.

Por mandato constitucional en nuestra provincia existe el Tribunal de Cuentas que en los papeles es un organismo de control, de carácter administrativo e independiente con potestades jurisdiccionales. Estando entre su responsabilidad ejercer el control preventivo, concomitante y posterior respecto de todos los organismos que integran el Sector Público, con jurisdicción sobre las entidades que componen la Administración de la Hacienda Pública, los Municipios, Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas Públicas, Sociedades del Estado o con participación estatal, beneficiarios de aportes y subsidios y, en general, sobre los entes que reciban, posean o administren fondos, bienes o valores del Estado Provincial.

Lamentablemente todas estas atribuciones figuran en los papeles, ya que en cuanto escándalo hay en la provincia, como el caso de las garrafas, la construcción del materno infantil o la ciudad cívica, el gran ausente siempre es el Tribunal de Cuentas.

En los estados modernos, los organismos burocráticos y estructurados para ser absolutamente funcionales al poder político de turno quedaron vetustos y fueron reemplazados por otros más dinámicos, mas independientes y con mayor participación en los quehaceres del Estado.

Mientras tanto, en nuestra ciudad, por Carta Orgánica existe la Fiscalía Administrativa Municipal, una rara entelequia que debería aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos; en caso de desaprobación deberá determinar las responsabilidades que resulten, sin perjuicio de las atribuciones del Concejo Deliberante. Efectuar auditorias contables en las distintas dependencias municipales. Pronunciarse sobre las observaciones que realice la Contaduría a los compromisos contraídos. Pronunciarse sobre el desempeño de los funcionarios y empleados cuando tenga conocimiento o se denuncien hechos que sean presuntamente irregulares o ilícitos y defender los derechos de los vecinos frente a hechos, actos u omisiones de la administración municipal, cuando ésta presumiblemente conculque los derechos y garantías consagrados por esta Carta Orgánica y las Ordenanzas.

Este ente municipal existe solo en la letra muerta de la Carta Orgánica, ya que nunca fue puesta en funciones, razón por la cual el responsable de controlar los actos administrativos del municipio es el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Igual que ocurre en la jurisdicción provincial; el Tribunal de Cuentas está absolutamente desdibujado, ni siquiera les llamó la atención que una empresa como Limsa esté hace mas de 20 años prestando un servicios y que en todo este tiempo haya sido la única oferente en la licitación.

Tampoco el Tribunal de Cuentas pudo advertir que los aumentos de tarifas están muy por encima del promedio inflacionario del país, inclusive del índice que entregan los peores agoreros.

De la misma manera que tampoco advirtió que el cuadro tarifario que le aplican a los frentistas no está respaldado por un estudio de costos serio, o que las tarifas se incrementan de manera unilateral por parte de la empresa.

Tampoco aparecen los encargados de ejercer el control político, los concejales. En el cuerpo parlamentario municipal apenas se escuchan las voces de López Salgado y Mollón, que no encuentran eco para evacuar las múltiples dudas que tienen sobre esta concesión, que obviamente son las mismas dudas que tiene cualquier frentista de San Salvador de Jujuy.

Desde el bloque oficialista, lejos de actuar como dirigentes políticos, se pusieron el overol y estoicamente acatan los mandatos de Gerardo Morales, que mandó a silenciar el caso Limsa, a sabiendas de que los costos políticos y la bronca de los vecinos lo pagan en la Avenida Éxodo.

Llegó el momento de crecer en la institucionalidad de la provincia y de la ciudad. El mundo moderno nos ofrece una serie de herramientas que ayudan a una mejor y más plena democracia, partiendo de la premisa de que las democracias modernas dejaron de lado ese rol absolutamente representativo para adoptar una posición mucho más participativa de la sociedad.

Las irregularidades y episodios de corrupción de los últimos tiempos dan cuenta de un mal desempeño de organismos de control estatal responsables de monitorear el trabajo de los funcionarios públicos. También hay deficiencias en la tarea de los entes de regulación de servicios públicos. Esta situación afecta el patrimonio público y a los ciudadanos, y genera inseguridad jurídica.